EL SISTEMA LEGAL EN CUBA: ¿CIUDADANÍA O CAMPAMENTO?

Pero si al intentar ejercitar derechos establecidos en la Carta Magna, como la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y a pesar de ser una académica, doctora en Ciencias, autora de libros, conocida dentro y fuera de Cuba, sin antecedentes penales, respetuosa de la ley; he sido tratada como una delincuente, no es difícil imaginar el modo en que han sido violentadas por décadas otras personas. El tratamiento dado a cientos de compatriotas que se manifestaron en julio de 2021 no deja margen a las dudas. Pero lo que no era posible denunciar antes, lo es hoy.

Recordemos que el pasado martes 5 de septiembre, me presenté en la Fiscalía provincial de Matanzas exigiendo la determinación del caso en que se me imputa el delito de “Desobediencia”, que estaba en fase de atestado pero ya excedido del término legal. Después de insistir en que no me iría sin una respuesta, me explicaron que la fiscal que llevaba el caso había recibido una prórroga para continuar analizando y no supieron precisar el plazo de la misma.

Al salir de Fiscalía, hice una publicación en mis redes sociales donde expresé la determinación de volver el jueves y, si no me respondían, ir a manifestarme a las puertas del Buró Provincial del Partido, y la semana próxima dirigirme a La Habana. Inmediatamente, y como esperaba, pocas horas después tocó a mi puerta un amable oficial de la PNR que me entregó una cédula de citación que, más allá de una errata ortográfica en mi segundo nombre y un pequeño error en la dirección, cumplía con los requerimientos legales. Me informó también que mi abogada había sido citada para la estación de la Playa, donde soy casi de la familia. Firmé la citación y le aseguré que estaría a las 11 am.

Al llegar, fuimos conducidas a una oficina donde ya esperaban el teniente coronel Rogelio Cuesta Aragón y la fiscal Guadalupe Borrego, la misma funcionaria que había desestimado la solicitud de nulidades hecha por mi abogada. La misma a la que se le había dado una prórroga que debe tener el record Guinnes como la más breve de la historia.

Lo que allí se dijo consistió en dos puntos:

1- Se me comunicó el “Auto de Sobreseimiento Provisional” de un delito de “Resistencia”, firmado por la fiscal Borrego. (Ver imagen). Yo jamás fui instruida de cargos por tal delito, y cuando mi abogada logró acceder al expediente (que se encuentra en la sede de Seguridad del Estado y no en la PNR), no halló nada que indicara esa imputación.

Recuerdo perfectamente que el día en que fui detenida, cuando el instructor, luego de haberme instruido de cargos sin mencionar ese, me entregó el expediente (pues me aseguró falsamente que podía representarme a mí misma), había un acta de denuncia donde una sargento decía haber sido empujada por mí y que yo intenté correr para escapar de la patrulla.

Dejé claro en ese instante que tenía múltiples testigos que declararían a mi favor, pues el lugar en que fui detenida es muy concurrido a esa hora, y amigos y vecinos del reparto donde resido presenciaron los hechos. Es evidente que decidieron eliminar esa denuncia que, supongo, me fue mostrada con el fin de atemorizarme, cosa que desde el inicio han intentado infructuosamente.

Pero si yo no fui instruida de ese cargo, y si esa acta de denuncia fue retirada del expediente como le consta a mi abogada —que le insistió hoy en ello a la fiscal al leer el escrito— ¿de dónde saca la fiscal la información que le permitió redactar un auto de sobreseimiento, ¡y nada menos que provisional! a una inexistente imputación?

La respuesta más lógica es que Seguridad del Estado tenía esa acta de denuncia guardada y la volvió a colocar en el expediente cuando lo pasó a Fiscalía. No soy jurista, pero creo que privar a mi abogada de consultar toda la información del caso es una violación flagrante de la ley.

2- Se me comunicó un auto de la fiscal aplicando el “Criterio de Oportunidad” (Ver imagen). Según el teniente coronel, después de analizar “mi situación” se me ofrece “la oportunidad” de concluir el caso y eliminar la medida cautelar de reclusión domiciliaria si acepto pagar una multa de dos mil pesos. Mi respuesta inmediata fue que no estoy dispuesta a pagar porque yo no he violado ley alguna, y que los que han violado la Ley de procedimiento penal y la Constitución son ellos.

No les pagaría, no ya dos mil pesos —que con la inflación no alcanza ni para comprar un cartón de huevos—, sino ni un solo centavo, porque de hacerlo estaría aceptando que yo violé la ley. Este proceso ha sido un cúmulo de violaciones y chapucerías desde el inicio, y no se sostendría ante una fiscal que se apegara a la ley y no a las órdenes de Seguridad del Estado; tampoco ante un tribunal serio, dadas las múltiples violaciones que he denunciado: cedula de citación sin requerimientos formales, no existencia de una denuncia previa a la detención, acta de detención anterior a la denuncia… entre otras arbitrariedades.

Aquí la oportunidad se la están dando a ellos mismos para intentar salirse de un proceso que puede ser muy desgastante y que ha concitado la atención de la opinión pública más de lo necesario en momentos complicados para el gobierno: próxima intervención del presidente Díaz Canel en la ONU, valoración de Cuba para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, visita acordada en noviembre próximo de un alto funcionario de la Unión Europea encargado del tema de derechos humanos, entre otras tensiones.

Pues siento decirles que no me prestaré a su farsa. Que el proceso siga cursando. Y mucho menos firmaré lo que en ese auto se dice sobre mí en su cuarto párrafo, que está plagado de datos falsos y acusaciones que nada tienen que ver con el delito en cuestión de Desobediencia y que pueden utilizarse en el futuro para construirme un expediente. A continuación rebato los principales:

“Se conoce que la misma se haya vinculada al proyecto de prensa enemigo La Joven Cuba”. Dos errores ahí: 1) el delito que se me imputa ocurrió en el mes de junio, en tanto mi salida como coordinadora de LJC había ocurrido el 1ro de febrero y mi salida definitiva en marzo. 2) La Joven Cuba no es un proyecto de prensa enemigo, si fuera así el oficial Manuel no le hubiera comentado a varias personas lo “satisfecho” que está con la “nueva línea editorial” de ese medio, y tampoco el director de un medio enemigo podría haber entrado a Cuba cuatro veces en menos de un año. Sin embargo, algo nuevo que sí he hecho posterior a la imputación del delito, y que no fue mencionado, es la fundación como codirectora del proyecto CubaxCuba Laboratorio de Pensamiento Cívico, que apenas veintitrés días después fue bloqueado en su acceso desde la Isla. Parece que ese sí es un “proyecto de prensa enemigo”.

“Su vinculación estuvo marcada desde sus inicios por un lenguaje hipercrítico desde la óptica nociva hacia la gestión gubernamental, denigrando y demeritando los logros de la Revolución”. Criticar la gestión gubernamental es, merecidamente, el deporte nacional de la ciudadanía. Imaginen la cantidad de prisiones que debieran construirse para los transgresores. Lo que no admito es haber denigrado en mis análisis. Yo ofrezco datos y elementos que, desde las ciencias sociales, fundamentan mis opiniones. Prueba de ello son los cientos de artículos y ensayos que he publicado en los últimos seis años. Llegado el caso, los someto a valoración de personas conocedoras para que hallen en ellos una mentira o una falsa acusación.

“Creación de campañas mediáticas sostenidas con temas que se contraponen a los principales procesos políticos, económicos y sociales que se ejecutan en el país”. Los reto a que busquen una “campaña” comenzada por mí. Que otras personas me apoyen o coincidan con mis opiniones fundamentadas, está muy lejos de ser una campaña, si nos apegamos al significado de ese término.

“Se conoce que la misma a través de sus redes sociales convocó a la no participación en las elecciones nacionales celebradas el pasado 26 de marzo de 2023 en correspondencia con la campaña Abstención…”. Es muy fácil demostrar la falsedad de esta acusación espuria, tendrán que buscar la publicación donde hago esto. Yo sí he explicado mi decisión personal de no ejercer el derecho al voto desde el año 2013, hace ya una década, determinación que entregué en mi colegio electoral, en misiva dirigida a Alina Balseiro, jefa de la Comisión Nacional Electoral. Pero de ahí a afirmar que yo convoqué a otras personas a imitarme, va un gran trecho. No me confundan con el gobierno y el Partido, que son los que acostumbran a convocar constantemente. Yo respeto demasiado al resto de las personas para actuar de ese modo. Por último, la abstención no es un delito en Cuba pues el voto no es obligatorio.

Resulta contradictorio que, luego de atribuirme toda esta palabrería malintencionada e insidiosa, en el Resultando se diga: “que evaluando lo anterior se ha determinado que no es necesario someter el hecho al conocimiento del tribunal, por considerar concurren las circunstancias de escasa lesividad social, tanto por las consecuencias del delito como por las condiciones personales de la imputada”.

Según el nuevo Código Penal, no hay culpabilidad hasta que esta sea probada, pues se presume la inocencia del acusado. Sin embargo, esta “fiscal” obvia las violaciones evidentes, saca de donde no hay, se inventa lo que no sabe, posiblemente no haya leído un texto mío y se aparece, luego de denigrarme —ella sí lo hace—, conque mi actuación no daña a nadie y van a ser buenitos conmigo, dos mil pesitos y todo termina.

A la fiscal le recordé que ella puso un Acuerdo del Consejo de Ministros por encima de la Constitución de la República, con lo cual está asumiendo una postura anticonstitucional.

Al teniente coronel le pregunté si en los casi tres meses transcurridos desde el 14 de junio, ha podido presentar las pruebas que me dijo tenían sobre que mi invitación por la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana a un evento en Estados Unidos tenía como objetivo prepararme para encabezar un golpe de estado contra el gobierno cubano financiado desde el exterior. Bajó la cabeza y le dije que lo hacía porque debía darle vergüenza las mentiras que dijo ese día.

Lo más indignante de la reunión todavía estaba por ocurrir. Al pararnos para salir, le pidieron a mi abogada que se quedara. Ella me dijo que esperara abajo. Estuvo alrededor de 10 o 12 minutos. Me contó que le habían pedido me transmitiera que si yo cambiaba mi actitud me “quitarían la regulación”.

Aclaro que mi abogada es una persona profesional y ética de la que hasta ahora tengo una opinión excelente. Ella cumplió con su deber de transmitirme esa información sabiendo cual sería mi respuesta.

En esa propuesta del teniente coronel Cuesta Aragón se resume la podredumbre del sistema legal en Cuba. Nos creen animales de circo con los que utilizan castigos y recompensas. Él y sus jefes se engañan al creer que el hostigamiento y todo este proceso al que me han sometido me ha puesto en posición de salir corriendo a armar mi equipaje para salir de Cuba. Ellos se piensan los dueños del territorio nacional, los carceleros que abren y cierran las puertas a voluntad.

Entiendo que no pudiera hacerme esta propuesta cara a cara luego de todas las calumnias y amenazas que fue capaz de proferir en junio. Pues no nos entendemos coronel. A mí me tienen que quitar la regulación, pero no como un premio del capataz, sino porque voy a nombrar abogada para hacer un proceso de reclamación administrativa para recuperar mi libertad de movimiento, que es un derecho constitucional que ustedes quebrantan de manera ilegal e ilegítima.

No obstante, no pienso moverme de mi país, mucho menos ahora. Los eventos que vengan, serán virtuales. Los que me conocen, saben que no he buscado jamás becas ni viajes. La única ocasión en que estuve fuera de Cuba, tenía una visa de seis meses en Estados Unidos y regresé al mes. Me encantaría viajar, conocer el mundo, adoraría visitar España. Ojalá pueda hacerlo en el futuro. Ahora no es el momento.

Próximos pasos:

Según me explica la abogada, tienen que cursar diez días hábiles como plazo para el pago de la multa. Transcurrido ese tiempo sin que lo haga, que será el 21 de septiembre, Fiscalía está obligada a pasar el expediente al Tribunal Municipal. Una jueza de esa instancia debe decidir entonces, en un breve plazo, si se archiva por falta de pruebas constituyentes de delito, o se radica el expediente y se convoca a juicio.

Aún existen instancias y juristas que podrían decidir con justicia y apegados a la ley. Esperemos. Hay que confiar siempre en que la ética no es un cadáver y que la justicia es posible. Yo no quiero ir a prisión, para empezar no he cometido delito alguno, pero no voy a negociar mis derechos con nadie. Soy una ciudadana, con todo el orgullo y la historia que hay detrás de esa palabra.

Sin embargo, si vamos a juicio, en el banquillo de los acusados no estaría sentada yo, sino la Constitución de 2019, a la que se desconoce e ignora todo el tiempo. Y sabemos cómo llamar a un gobierno que hace caso omiso a su Constitución.

(Tomado del muro de Facebook de Alina Bárbara López Hernández)