Por El Estado como tal (Facebook)
La Habana.- La información del MINCIN que complementa acciones del Consejo de Ministros, Banco Central, Empresa Eléctrica y CIMEX rebasa la “bancarización” (instrumento) y expresa una visión sobre la sociedad contemporánea y su posible avance, identificada como “cero efectivo”.
En Cuba se le ha llamado incorrectamente “bancarización” a solo uno de sus componentes (digitalización financiera), pero la visión de “cero efectivo” que la guía tiene dimensiones sociales, éticas y políticas que deberían ser consideradas en los análisis económicos.
El avance hacia sociedades sin efectivo se discute globalmente porque expresa una evidencia incontestable: el reemplazo del efectivo por diversas formas de dinero digital. El problema es cuando la narrativa prioriza la dimensión técnica y el problema del “acceso”.
En la “bancarización” y el “cero efectivo” hay una pregunta clave que hasta ahora no es parte del discurso oficial en Cuba: ¿Mejoran su situación los ciudadanos cuando participan en la digitalización financiera o los ciudadanos la usan porque están en una mejor situación?
Existe evidencia, en muchos países, acerca de que la efectividad en la utilización de la digitalización financiera depende del estatus socioeconómico de los participantes. Como en muchas otras cosas, la digitalización financiera también es fuente y terreno de la desigualdad.
El argumento de que la eliminación del efectivo reduce la corrupción y la evasión fiscal de los ricos debe ser contrastado con el atractivo que tiene el efectivo para personas en el otro extremo de la sociedad: los más pobres (existen evidencias y estudios internacionales sobre el tema).
El efectivo, incluyendo su utilización informal, es importante para las personas con menores ingresos porque amortigua impactos de choques económicos y flexibiliza la satisfacción de necesidades diarias. En tiempos de crisis, para los pobres el efectivo es el “rey”.
Más allá de las dudas sobre la carencia de infraestructura técnica necesaria (electricidad, internet, software, diseminación de dispositivos móviles, y know how), no parece existir hoy la capacidad técnica y legal para enfrentar el ciber-crimen que eventualmente sobrevendría.
El discurso oficial cubano se refiere hasta ahora a los “actores”, pero no se han hecho explícitas las eventuales desventajas que la marcha forzada hacia la digitalización financiera pudiera tener para los sectores pobres en Cuba, ni la capacidad de estos para la “inclusión digital”.
Algo preocupante es que se plantean metas de cumplimiento para la digitalización financiera en vez de priorizarse posibles medidas que permitieran que la “inclusión” financiera digital apoyase la “salud financiera” de los ciudadanos. Tampoco estos fueron consultados.
El enfoque de “actores” de la narrativa oficial de la “bancarización”, especialmente MIPYMES y TCP, parece reflejar una disminución de la prioridad del “empoderamiento” de esos actores como parte de una estrategia de desarrollo. La prioridad ahora es la intervención estatal.
Habría que ver hacia donde derivaría la visión oficial cubana de una sociedad sin efectivo, pero algunos probables desarrollos futuros pudieran ser la instauración de sistemas biométricos de acceso y la adopción de una moneda digital centralizada (CBDC).
El posible establecimiento de sistemas biométricos de acceso como parte de la digitalización financiera pudiera entrañar riesgos para el derecho a la privacidad de los ciudadanos y facilitaría el control estatal sobre ellos. Es un tema ético y político.
