¿Seguridad Alimentaria?

La Habana.- La Organización de las Naciones Unidas asegura que el derecho a una alimentación adecuada es mucho más que una obligación moral o una opción política y reafirma que es un derecho humano de todas las personas, en todos los lugares, y que, el mismo, tiene que realizarse a través de la acción adecuada de los gobiernos y los actores no gubernamentales.

El organismo internacional añade que el derecho a la alimentación no solo implica el derecho a estar protegido contra el hambre, sino también el derecho a tener alimentos adecuados y accesibles, física y “económicamente”, en todo momento, y en cantidades suficientes para llevar una vida saludable y activa.

Entre los efectos negativos a tener en cuenta de no cumplirse este derecho indispensable se pueden mencionar los siguientes:

• Reducción del rendimiento escolar.

• Efectos en la salud a largo plazo como las enfermedades crónicas.

• Retraso en el crecimiento.

• Desinterés por el crecimiento intelectual.

• Imposibilidad de generar aportes a la sociedad.

• Pérdida de tiempo valioso para actividades de ocio o de creación.

La disponibilidad de los alimentos, el acceso de las personas a ellos y un consumo nutricionalmente adecuado son los tres pilares sobre los que se asienta el concepto de seguridad alimentaria.

Por otra parte, la Agenda para el Desarrollo Sostenible incluye la promoción de mejores diseños de políticas en el área de la alimentación para el beneficio de los más afectados, y sugiere mejoras en la eficacia y la eficiencia del gasto público en seguridad alimentaria y nutricional.

Entre las metas de la agenda de desarrollo de la ONU para el siglo XXI destacan acciones encaminadas a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible, y para ello estipula:

• poner fin a las formas de malnutrición;

• duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala;

• asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos;

• aumentar las inversiones en la investigación agrícola;

• corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales;

• adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios.

El derecho a la alimentación significa tener acceso, individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación adecuada y suficiente, así como a los medios necesarios para producirla. Tal derecho no debe interpretarse como un simple derecho a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado bajo el amparo de las Naciones Unidas en 1985, nos dice los siguiente: “Con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, alejado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales.” Además, en su Observación general Nº 12, define asimismo las obligaciones que los Estados tienen que cumplir con el fin de hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada en el plano nacional y define que:

• La obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada;

• el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.

Cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente.

Tal Comité prohíbe a los Estados adoptar medidas regresivas, es decir, medidas deliberadas que se traducen en el deterioro del nivel actual de cumplimiento del derecho a la alimentación.

Luego de este amplio preámbulo podemos analizar ahora en qué situación se encuentra el asunto de la alimentación en la Cuba de hoy.

Pudiéramos partir por preguntarnos en qué medida el Estado que nos representa cumple con estas garantías básicas y globalmente aceptadas, para el desarrollo del ser humano. Baste con analizar el cúmulo y proporción de las inversiones en los últimos años para ir teniendo respuestas claras al respecto.

El estado (bajo justificaciones futuristas a las que quizás muchos no lleguen) promueve mucho más las inversiones en sectores del turismo, servicios empresariales y actividades inmobiliarias que en agricultura, ganadería, pesca y producción de alimentos en sentido general, rompiendo de esa manera con los presupuestos aceptados internacionalmente sobre las obligaciones mínimas que tienen como Estado, de proveer alimentos por encima del desarrollo turístico y/o empresarial.

Si a este análisis le sumamos el hecho de que la Constitución de la República de Cuba establece que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada, a consumir bienes y servicios de calidad que no sean atentatorios a su salud, a acceder a información precisa y veraz sobre los mismos y a recibir un trato equitativo y digno, estamos asistiendo a una clara ruptura con nuestra ley de leyes proveniente del mismo Estado debido a su incapacidad de proveer al pueblo de alimentos.

La población sigue sin encontrar esperanzas para el asunto del alimento y sobre todo cuando escucha a nuestros ministros y dirigentes acusar al bloqueo norteamericano de cuanta desgracia sufrimos sin antes ponerse a pensar en redistribuir la intención de inversiones o implementar nuevas estrategias macro ante el vital asunto de la producción de alimentos.

Muchos son los discursos de nuestros dirigentes que comienzan diciendo “hay que…” sin que sean capaces de plantear una estrategia concreta para materializar ese “hay que…”

Un ejemplo muy reciente de esto fue la visita que hiciera el presidente de la república el día trece de mayo a la provincia de Pinar del Río en donde, según el reporte del corresponsal del periódico el Guerrillero, expresó: «Cuando tengamos más producción podremos bajar los precios» indicando que la intención de solucionar el gravísimo problema alimentario es puramente teórica y no existe un plan concreto de cumplir las indicaciones de las organizaciones internacionales de proteger tal derecho.

De igual forma, el artículo 2.1 de la ley de soberanía alimentaria de Cuba plantea que la seguridad alimentaria y nutricional comprende el acceso físico y “económico” que posee cada persona, en todo momento, a alimentos suficientes, equilibrados, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias respecto a los alimentos.

Suficientes, equilibrados, inocuos y nutritivos son hoy cuatro quimeras con las que muy pocas personas pueden soñar. Nuestros alimentos son básicos, rudimentarios, no frescos, procesados químicamente, llenos de sustancias maduradoras, no variados, próximos a las fechas de caducidad, grasos, poco nutritivos, y lo que es peor, ante la falta de opciones se ve uno obligado a adquirirlos de todas maneras. ¡Y qué decir de los precios!

¿Cómo puede el gobierno dormir tranquilo ante estas circunstancias?

¿Cómo lograr entonces que miembros empoderados de la sociedad civil emplacen a los funcionarios para comprometerlos verdaderamente en mejorar el diseño y la implementación de medidas de seguridad alimentaria y nutricional?

¿Cómo exigir por tal derecho?

Solo la abundancia de productos podrá restaurar los dañados valores con los que una vez la sociedad soñó. Bajo la impronta de una sociedad socialista, recae mucho más en el Estado, esa responsabilidad de proveer alimentos. Va siendo hora de cerrar departamentos de persecuciones políticas, vigilancia ciudadana y contrainteligencia para, junto a otros desocupados –voluntarios o involuntariamente — lanzar al país a una verdadera campaña de producción de alimentos. No se puede pensar en retornar al camino del desarrollo si el pueblo tiene que primero pensar en colas, en precios o formas de poder acceder a lo que constituye un verdadero e indispensable derecho humano: el alimento.