Las cifras de feminicidios se triplican en Cuba

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Jorge Sotero
La Habana.- En todo el año 2022 ocurrieron 34 feminicidios en Cuba. La cantidad no es absoluta, pero es la que conocen los medios ajenos al férreo control que impone el gobierno. En apenas dos meses de 2023, la cifra casi llega a la mitad, porque 15 mujeres han muerto del 1 de enero hasta la fecha, una tendencia al alza alarmante.
De seguir a este ritmo, la cifra de 2022 se podría triplicar, todo eso en medio de un silencio total de los medios y las organizaciones afines al castrismo, a los cuales parece no importarles mucho la cantidad de féminas que pierden la vida, sin que haya una política encaminada a ponerle freno.
Hace unas horas fue asesinada en Las Tunas, en su centro de trabajo como operadora telefónica del Hospital Provincial Mártires de las Tunas, Arianny Chávez Puche, de 35 años y madre de dos niños. El victimario fue su expareja, quien, según cuentan, entró a donde estaba, la arrastró hasta el baño y la degolló. Y después se quitó la vida.
Las noticias sobre feminicidios, robos, secuestros e incendios nunca se hacen públicas en Cuba, con la abierta intención -dicen los representantes gubernamentales- de no crear pánico en la población y no dar la imagen de un descontrol que no existe, pero también para no espantar a los turistas, que permanecen ajenos a situaciones como esas.
Esos casos se conocen solo a través de las redes sociales, o de los medios en el exterior con corresponsales o contactos en Cuba, que facilitan la información. En otros, explotan porque son sucesos tan alarmantes que se riegan entre la población con rapidez inusitada, como ocurrió con la jovencita de 17 años Leidy Bacallao, quien fue ultimada en la propia estación de policía de Camalote, en Camagüey.
Bacallao había mantenido una relación con un hombre de 50 años y huyó de este hasta donde estaban los gendarmes para pedirles ayuda, pero estos no se inmutaron, permitieron que el asesino entrara al lugar y la macheteara delante de sus propios ojos. Solo después le dispararon.
Ese hecho conmocionó al país, y cuando el clamor popular era insostenible, el ministerio del Interior hizo público un comunicado en el que decía: “Un individuo de 50 años de edad, de pésima conducta social y con múltiples antecedentes penales, ultimó con el empleo de armas blancas a su expareja de 17 años de edad, quien buscaba resguardo en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de la comunidad”, en referencia a Camalote. (Un párrafo con mentiras).
Por otra parte, según información de Carlos Cabrera, en Cibercuba, el asesino de la holguinera Arletty Reyes, fue condenado a 30 años de cárcel y a pagarle 400 pesos mensuales a la huérfana hasta que ella comience a trabajar, en una sanción cuya segunda parte da risa.
Los 30 años para Paulino Erisbel Samada están bien, a pesar de que casi seguro sale al tercio por buena conducta, por aquello de que los años en prisión son solo de 10 meses y vaya a saber usted qué más, pero lo de los 400 pesos es irrisorio. Porque con eso, si acaso, la hija podrá comprarse ahora dos libras de arroz.
El asesinato de Arletty Reyes fue en junio del año anterior, y desde entonces organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, casi todas clandestinas, abogaban por una ley que intentara ponerle coto al auge de los feminicidios, pero ocho meses después la situación es mucho más grave y el gobierno sigue sin pronunciarse.
No es de extrañar la posición de un gobierno inoperante, sometido a la voluntad de una familia, que controla todos los poderes, y sus leyes.

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