PSOE: historia y corrupción, del marxismo a los escándalos actuales
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Para muchos cubanos residentes en España, votar el 29 de noviembre significa decidir sobre partidos cuya historia y responsabilidades no siempre conocen en profundidad. Este artículo ofrece una revisión crítica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): sus raíces marxistas, su evolución ideológica, su papel durante la República y la Guerra Civil, los episodios de violencia política, los grandes casos de corrupción y las investigaciones que afectan al entorno del actual Gobierno. El propósito es aportar contexto para que cada lector forme su propio criterio, no indicar qué papeleta debe escoger.
El PSOE es uno de los partidos más antiguos de Europa. También es una organización con un pasado contradictorio: ha impulsado reformas sociales y ha gobernado durante décadas, pero su trayectoria incluye insurrecciones, terrorismo de Estado, financiación irregular, redes clientelares y dirigentes condenados. Conocer ambas partes resulta más útil que repetir la propaganda del partido o reducir su historia a una caricatura.
Un partido nacido bajo la influencia del marxismo
El Partido Socialista Obrero Español fue fundado en Madrid el 2 de mayo de 1879 por Pablo Iglesias Posse y un grupo de trabajadores e intelectuales. Su primer programa defendía la emancipación de los trabajadores y la transformación del sistema capitalista. En 1888, el entorno socialista impulsó también la creación de la Unión General de Trabajadores.
Durante sus primeras décadas, el PSOE combinó la participación electoral con un lenguaje de lucha de clases. En su interior convivieron corrientes reformistas y sectores revolucionarios. Esa tensión se hizo especialmente visible durante la Segunda República, cuando Francisco Largo Caballero defendió una línea abiertamente insurreccional.
El archivo PARES describe la evolución del partido desde una formación marxista y obrera hasta el abandono formal del marxismo en el Congreso Extraordinario de 1979. Consulta la ficha histórica del PSOE en PARES.
Octubre de 1934: una insurrección promovida por el socialismo
En octubre de 1934, el PSOE y la UGT impulsaron una insurrección armada contra el Gobierno republicano después de la entrada de ministros de la CEDA. No fue una huelga laboral convencional: en varias zonas se intentó alterar por la fuerza el orden constitucional.
En Asturias, la revuelta adquirió dimensiones revolucionarias. Se ocuparon cuarteles, se asaltaron fábricas de armas, se destruyeron iglesias y se produjeron asesinatos de civiles, militares, guardias civiles y religiosos. La violencia de octubre dejó alrededor de 1.500 muertos entre ambos bandos. La responsabilidad política de aquella insurrección corresponde a la dirección socialista, aunque no todos los crímenes fueran ordenados directamente por el PSOE. Estudio del CSIC sobre la violencia política de 1934.
Checas, paseos y represión durante la Guerra Civil
En la retaguardia republicana se produjeron detenciones ilegales, torturas, incautaciones y ejecuciones sin juicio. Las víctimas incluyeron a religiosos, militares, políticos, empresarios y ciudadanos sospechosos de simpatizar con los sublevados.
La represión fue compartida por anarquistas, comunistas, socialistas y organismos del Estado republicano. En Madrid existieron centros vinculados a milicias socialistas, incluida la Agrupación Socialista Madrileña. También actuó la brigada de Agapito García Atadell, relacionada con el aparato socialista madrileño y acusada de detenciones, robos y asesinatos.
La historiografía académica atribuye una parte importante de los llamados “paseos” a grupos anarquistas y comunistas. Eso no permite borrar la participación socialista en determinados centros de represión, pero tampoco autoriza a atribuir todos los crímenes de la zona republicana al PSOE. Investigación de la Universidad de Salamanca sobre la violencia en Madrid.
Negrín, el POUM y la represión dentro de la izquierda
Durante el Gobierno de Juan Negrín, socialista, se intensificó la persecución contra el POUM, un partido marxista contrario a Stalin. Su dirigente Andreu Nin fue detenido, torturado y asesinado en 1937. La operación estuvo vinculada principalmente a los comunistas y a agentes soviéticos, pero ocurrió bajo la autoridad del Estado republicano presidido por Negrín.
El episodio muestra que la violencia política republicana no se dirigió únicamente contra la derecha. También se empleó contra sectores de la propia izquierda cuando desafiaban al poder dominante.
Felipe González: modernización y grandes escándalos
Los GAL (1983-1987): terrorismo de Estado
Los Grupos Antiterroristas de Liberación actuaron entre 1983 y 1987, durante los Gobiernos socialistas presididos por Felipe González, que ocupó La Moncloa entre el 1 de diciembre de 1982 y el 4 de mayo de 1996. La organización practicó una guerra sucia contra ETA mediante secuestros, atentados y asesinatos.
El primer gran caso fue el secuestro de Segundo Marey, cometido el 4 de diciembre de 1983 en Hendaya. Marey no pertenecía a ETA: fue confundido con un objetivo de la organización terrorista y permaneció secuestrado durante diez días. En julio de 1998, ya bajo el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, el Tribunal Supremo condenó al ministro del Interior José Barrionuevo y al secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por detención ilegal y malversación de fondos públicos. Los hechos, sin embargo, ocurrieron durante los Gobiernos de Felipe González. No fue un simple exceso policial: fue el uso ilegal de recursos del Estado para practicar terrorismo. Información sobre la sentencia del caso Marey.
Filesa (1987-1991): financiación irregular bajo el Gobierno de González
Los hechos investigados en Filesa se desarrollaron entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, durante los Gobiernos de Felipe González. El escándalo salió públicamente a la luz el 29 de mayo de 1991, cuando se denunciaron posibles pagos a través de Filesa, Malesa y Time-Export para financiar de forma irregular actividades del PSOE. La causa judicial se abrió en 1991 y llegó al Tribunal Supremo. El 28 de octubre de 1997, ya bajo el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, el Supremo condenó a varios implicados por falsedad documental y asociación ilícita. En 2001, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente una de las condenas en lo relativo a la falsedad documental, aunque mantuvo otros extremos del fallo. Filesa debe explicarse en dos planos: los hechos ocurrieron durante los Gobiernos socialistas de González y las principales condenas llegaron después, durante el Gobierno de Aznar. Sentencia publicada en el BOE.
Juan Guerra (1989-1991) y Luis Roldán (1986-1995)
El caso Juan Guerra estalló el 30 de diciembre de 1989, durante el tercer Gobierno de Felipe González. Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, utilizaba desde años atrás un despacho oficial en Sevilla para actividades privadas. El escándalo provocó una crisis dentro del Ejecutivo y Alfonso Guerra dimitió como vicepresidente en enero de 1991. No terminó en una condena penal contra el PSOE, pero sí evidenció la influencia de las redes familiares y políticas en el entorno del poder.
Más grave fue el caso Roldán. Luis Roldán fue nombrado director general de la Guardia Civil en octubre de 1986, durante el Gobierno de Felipe González. El escándalo estalló el 23 de noviembre de 1993, cuando se descubrió un patrimonio que no se correspondía con sus ingresos conocidos. Fue destituido el 3 de diciembre de ese año y huyó de España el 29 de abril de 1994. Regresó detenido el 28 de febrero de 1995. La Audiencia Nacional lo condenó el 26 de febrero de 1998 y el Tribunal Supremo elevó después la pena a 31 años. La condena llegó bajo el Gobierno de José María Aznar, pero los hechos, el nombramiento y la fuga se produjeron durante el periodo socialista. El caso puso en evidencia la debilidad de los controles internos del Estado y dañó la credibilidad del Gobierno de González.
Los ERE de Andalucía (1990-2011): ayudas públicas y control político
El sistema de ayudas investigado en el caso de los ERE comenzó a articularse en la Junta de Andalucía durante los años noventa y funcionó bajo las presidencias socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Tribunal Constitucional ha situado su origen en los mecanismos presupuestarios utilizados desde 1990. La investigación judicial se abrió el 19 de enero de 2011, cuando gobernaba José Antonio Griñán.
La Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia en 2019 y el Tribunal Supremo ratificó las principales condenas en 2022, entre ellas las de Chaves y Griñán. En 2024, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente varios recursos de amparo y ordenó revisar determinados razonamientos. Por eso conviene distinguir entre el sistema de ayudas, las condenas del Supremo y la revisión constitucional posterior: el caso no puede presentarse ni como inexistente ni como jurídicamente idéntico a la sentencia inicial. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE.
Los escándalos del Gobierno actual
Ábalos y el caso Koldo: contratos de 2020 y sentencia de 2026
Los hechos centrales del caso Koldo se remontan a marzo y abril de 2020, durante el primer Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Varias administraciones contrataron mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La Audiencia Nacional practicó las primeras detenciones el 20 de febrero de 2024. Ábalos dejó el PSOE y pasó al Grupo Mixto después de que el partido le pidiera entregar el acta.
En octubre de 2024, un informe de la UCO situó a Ábalos en una posición central de la investigación y en diciembre declaró como investigado ante el Supremo. En junio de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia condenatoria contra Ábalos y Koldo García; la vía ordinaria quedó agotada en octubre, aunque ambos todavía pueden acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. El caso afecta a contratos adjudicados durante la emergencia sanitaria y a personas situadas muy cerca de la dirección del PSOE. El caso afecta a contratos públicos adjudicados durante una emergencia sanitaria y a personas situadas muy cerca de la dirección del partido. Información sobre la resolución del Supremo.
Santos Cerdán y Leire Díez (2024-2025): presión sobre investigaciones
La investigación sitúa varios contactos entre 2024 y 2025. Según la UCO, Leire Díez se reunió al menos tres veces con la directora general de la Guardia Civil: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025. En junio de 2025, el juez del caso Koldo ofreció declarar voluntariamente a Santos Cerdán tras apreciar indicios de posibles delitos de organización criminal y cohecho; Cerdán dimitió entonces de sus cargos.
Estos hechos siguen siendo objeto de investigación y no equivalen a una condena. La cuestión política es más concreta: si se confirma que se intentó obtener información sobre agentes, fiscales o jueces para proteger a dirigentes socialistas, estaríamos ante un grave abuso de las estructuras partidarias y de los contactos institucionales.
¿Se investiga al PSOE como organización criminal?
En 2026 esta posibilidad dejó de ser únicamente una acusación política. El 27 de mayo la UCO registró la sede del PSOE en Ferraz dentro de una investigación sobre presuntos pagos y maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. El 8 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción comunicó que apreciaba indicios para investigar al PSOE como persona jurídica por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque consideró prematura su imputación.
La diferencia jurídica es decisiva: hoy no existe una sentencia que declare al PSOE una organización criminal. Lo que existe es una investigación sobre si la estructura y los recursos del partido fueron utilizados por dirigentes y colaboradores para financiar o facilitar una presunta trama. Antes de decidir una eventual imputación, la Fiscalía señaló que debía declarar Santos Cerdán y completarse otras diligencias. El escándalo, por tanto, está en una fase abierta, pero ya plantea la posible responsabilidad penal de una persona jurídica y no solo la de militantes individuales.
David Sánchez: contratación en 2017 e investigación desde 2024
David Sánchez fue contratado por la Diputación de Badajoz en 2017, cuando Pedro Sánchez acababa de recuperar la Secretaría General del PSOE. La investigación judicial comenzó en junio de 2024 y terminó con una sentencia de la Audiencia de Badajoz en julio de 2026: nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La resolución no era firme y lo absolvió del delito de tráfico de influencias.
El caso gira en torno a su contratación por una Diputación gobernada por dirigentes socialistas. No se ha probado que Pedro Sánchez interviniera directamente, pero el procedimiento plantea dudas sobre la creación de puestos públicos, los criterios de selección y el peso de las relaciones políticas en la administración. Información de RTVE sobre la sentencia.
Begoña Gómez: investigación abierta desde 2024
La investigación contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 y en junio de ese año fue citada como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En septiembre de 2026 se abrió juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. No existe una condena firme, por lo que el caso debe describirse como un procedimiento judicial abierto.
El procedimiento plantea un debate sobre conflictos de intereses, contactos institucionales y los límites entre la actividad privada y la influencia derivada del entorno presidencial. También exige mantener la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva. Cronología del caso en RTVE.
Zapatero y Venezuela
La mediación de Zapatero y su relación con Maduro
Zapatero comenzó a intervenir como mediador en Venezuela en 2015, inicialmente a petición de sectores de la oposición. En 2016 participó en los contactos de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición junto a los expresidentes Leonel Fernández y Martín Torrijos. Esas gestiones continuaron durante los años siguientes, aunque fueron criticadas por parte de la oposición venezolana, que consideró que las mesas de diálogo podían servir para ganar tiempo y dividir a sus adversarios.
José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como mediador entre el Gobierno venezolano y sectores de la oposición desde 2015. El Gobierno español ha reconocido esa labor, aunque sostiene que la desarrolla a título personal y sin mandato oficial. Posición oficial del Gobierno español.
Sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro han generado críticas por su cercanía al chavismo y por el efecto legitimador de sus gestiones. Sin embargo, no existe una condena que pruebe una relación criminal entre Zapatero, el PSOE y el Gobierno venezolano. Lo que sí puede examinarse es la posición política del socialismo español ante el chavismo y su preferencia por las mesas de diálogo incluso cuando parte de la oposición venezolana las considera una herramienta para ganar tiempo.
¿Es el PSOE todavía marxista?
No en sentido formal. El partido abandonó el marxismo como definición ideológica en 1979 y hoy se presenta como socialdemócrata. Sin embargo, conserva símbolos, lenguaje y tradiciones procedentes del movimiento obrero. La distancia entre ese legado y su práctica de gobierno —dentro de una economía de mercado y de la Unión Europea— es una de las contradicciones centrales de su historia.
Antes de votar, separa los hechos de los discursos
- Lo que ya tiene sentencia: casos como los GAL, Filesa, Roldán o las resoluciones judiciales que hayan quedado confirmadas.
- Lo que fue una responsabilidad política: escándalos como Juan Guerra o la falta de controles dentro de determinados gobiernos.
- Lo que todavía se investiga: Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez y cualquier causa sin sentencia firme.
- Lo que pertenece al debate político: la relación de Zapatero con Venezuela, la amnistía o las críticas a jueces y fiscales.
El PSOE ha gobernado durante décadas y ha impulsado reformas sociales importantes. Pero también arrastra episodios de violencia política, corrupción y abusos de poder. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: reconocer sus avances no obliga a ignorar sus escándalos.
Si vas a votar en España, tómate unos minutos para comprobar qué está probado, qué sigue bajo investigación y qué responsabilidades asumieron los dirigentes. No tienes por qué quedarte con la versión del partido ni con la de sus adversarios. La decisión es tuya; este recorrido solo pretende que llegues a ella con más información y menos consignas.
