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Por Yeison Derulo

La Habana.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra empresas vinculadas a los sectores petrolero, marítimo y tecnológico de Cuba, además de Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar GAESA.

La medida vuelve a poner en el centro de atención a una estructura empresarial que controla buena parte de la economía cubana y que, lejos de beneficiar a la población, funciona bajo el control de una élite militar que lleva décadas administrando los recursos del país a su conveniencia.

Washington también incluyó por primera vez a dos compañías chinas, CEIEC y Beijing H&C Technologies, acusadas de suministrar material de defensa y sistemas de seguridad al régimen.

Entre las entidades sancionadas aparecen operadores de buques cisterna y empresas registradas en Chipre y Panamá, vinculadas al transporte de petróleo. Caroil, Tentacool, Internacional Marítima y Petromarca figuran dentro de esta nueva ofensiva económica.

El Departamento de Estado sostiene que la cúpula gobernante utiliza los recursos energéticos y el transporte marítimo para enriquecerse, mientras millones de cubanos tienen que soportar apagones interminables, escasez de combustible y una economía que no levanta cabeza. Dicho de otra manera, los que mandan tienen sus negocios protegidos y el pueblo sigue pagando las consecuencias de una administración desastrosa.

GAESA vuelve a aparecer en el centro de la polémica. No es para menos. Estamos hablando de un conglomerado militar con intereses en prácticamente todos los sectores económicos de la isla, cuyo funcionamiento permanece lejos de cualquier mecanismo efectivo de transparencia y rendición de cuentas.

Resulta indignante que los militares controlen hoteles, empresas, operaciones comerciales y recursos financieros, mientras los hospitales carecen de medicamentos, las familias no encuentran alimentos y miles de trabajadores sobreviven con salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. La dictadura ha convertido la economía nacional en un negocio de unos pocos, sin importarle demasiado la miseria que tiene delante de sus narices.

Las nuevas sanciones impiden que las personas y empresas señaladas accedan al sistema financiero estadounidense y limitan sus relaciones comerciales con entidades de ese país. El régimen, por su parte, tendrá que seguir enfrentando una crisis energética agravada por la falta de suministros externos y su propia incapacidad para desarrollar una economía sostenible.

Cuba apenas produce un tercio del petróleo que necesita y lleva años dependiendo de proveedores extranjeros. Marco Rubio acusa a La Habana de haber revendido durante años parte del crudo recibido de Venezuela para conseguir divisas. Al final, los mismos que exigen resistencia al pueblo son los que han construido un sistema económico opaco, militarizado y profundamente ineficiente.

La tragedia cubana no se explica únicamente por las sanciones estadounidenses. También tiene responsables dentro de la isla, con nombres, apellidos y cargos muy bien remunerados.

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