Entendiendo lo que sucedió en Texas en las elecciones de medio término (Ensayo)

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Por Carlos Carballido

Dallas.- El martes tres de noviembre de dos mil veintiséis, Texas vivió su sacudida electoral más profunda en más de tres décadas. Los demócratas ganaron las quince carreras estatales en disputa, un barrido que nadie predijo con esa magnitud y que desmontó la narrativa de Texas como fortaleza republicana intocable.

El epicentro fue el Senado estatal. James Talarico derrotó a Ken Paxton con cincuenta y cinco punto uno por ciento contra cuarenta y tres. Gina Hinojosa tumbó a Greg Abbott en la gobernación, cincuenta y dos punto ocho contra cuarenta y cinco punto siete. Abbott se convirtió en el primer gobernador texano en perder la reelección desde Ann Richards en mil novecientos noventa y cuatro. Talarico es el primer demócrata electo al Senado estatal desde mil novecientos ochenta y ocho. Hinojosa, la primera gobernadora latina de la historia de Texas.

El barrido no se detuvo. Vikki Goodwin venció a Dan Patrick por vicegobernador. Nathan Johnson a Mayes Middleton por fiscal general. Sarah Eckhardt a Don Huffines por contralora. Benjamin Flores a Dawn Buckingham por comisionado de tierras. Clayton Tucker por agricultura. Jon Rosenthal por comisionado de ferrocarriles. En la Cámara estatal, los demócratas pasaron de minoría a mayoría: setenta y siete contra sesenta y tres, con diez escaños aún sin llamar al momento de este análisis. En el Congreso federal, Texas mandó catorce demócratas y veinticuatro republicanos, con dos giros a favor demócrata, incluido el distrito quince, donde Bobby Pulido aplastó a Monica De La Cruz.

Lo primero que hay que entender es por qué las encuestas fallaron. El promedio de RealClearPolling daba a Abbott arriba por dos a seis puntos: cuarenta y nueve punto ocho contra cuarenta y siete punto tres. Polymarket le asignaba sesenta y uno por ciento de probabilidad. Fallaron. Y fallaron en la misma dirección en todo el estado. Talarico superó el desempeño de Kamala Harris en dos mil veinticuatro en todas las regiones, incluyendo el sur-centro de Texas y Houston, que Trump ganó o empató.

Reuters atribuyó el resultado a la movilización latina, empujada por el costo de vida y la agenda migratoria agresiva de Trump. Es una explicación plausible, pero no la única. El factor estructural que casi nadie midió fue la primaria republicana fratricida: Paxton ganó contra John Cornyn en una guerra que costó cientos de millones, y el bloque cornynista —más de novecientos diez mil votantes en marzo— quedó sin candidato. Muchos se quedaron en casa o cruzaron. Abbott, por su parte, cargaba doce años de gobierno con quejas crecientes sobre escuelas, seguros y el borde.

Los números brutos alimentaron sospechas legítimas. Talarico sacó cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil votos. Biden sacó cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil en dos mil veinte. Harris, cuatro millones ochocientos treinta y cinco mil en dos mil veinticuatro. Clinton, tres millones ochocientos setenta y ocho mil en dos mil dieciséis. Talarico superó a los tres en votos absolutos. Pero el denominador disuelve la paradoja. En dos mil veinte se emitieron once punto tres millones de boletas y Biden quedó en cuarenta y seis punto cinco por ciento. En dos mil veinticuatro, once punto cuatro millones y Harris en cuarenta y dos punto cinco. En dos mil veintiséis, solo nueve punto nueve millones —menos que en ambas presidenciales— y Talarico en cincuenta y cinco punto uno. Cincuenta y cinco por ciento de nueve punto nueve da cinco punto cuatro. Cuarenta y seis y medio de once punto tres da cinco punto tres. Con una participación demócrata tan alta sobre un padrón más chico, el número absoluto cruza.

Lo anómalo no es el total, es la composición. El Daily Beast documentó que Talarico ganó con el voto anticipado solo: más de cuatro punto tres millones en early voting, contra cuatro punto dos de Paxton en total. Ni siquiera necesitaba el día de la elección. El Dallas Morning News reportó que en siete condados metropolitanos —Harris, Dallas, Tarrant, Bexar, Travis, Collin, Denton, Fort Bend— Talarico sacó trescientos mil votos más que los demócratas en dos mil veinticuatro. Eso no es crossover republicano masivo. Es base demócrata que no salió en año presidencial, más latinos que regresaron tras apoyar a Trump en dos mil veinticuatro, más suburbanos hartos de Paxton.

El desglose por modalidad confirma el patrón. Talarico ganó el anticipado con cincuenta y seis punto siete por ciento, pero cayó a cuarenta y nueve punto uno el día de la elección. Paxton hizo lo inverso: cuarenta y uno punto siete en anticipado, cuarenta y siete punto seis el martes. La ola demócrata fue de voto anticipado. El republicano recuperó terreno el día oficial sin alcanzar.

A nivel condado, el viraje es geográfico. Dallas: mezcla demócrata más veinticinco. Travis: más treinta y seis. Bexar: más dieciséis. Harris: más trece. Pero Collin, bastión republicano del norte, seguía en más cinco republicano, y Montgomery en más veintinueve. La ola no fue uniforme. Fue urbana y fronteriza, con dieciséis condados de la frontera subiendo más de ocho puntos contra dos mil veintidós.

Texas no registra afiliación partidista al inscribirse, así que el proxy es el historial de primaria. Entre quienes votaron: veintiséis punto nueve por ciento con historial demócrata, dos millones seiscientos veintiún mil. Veintiocho punto ocho con historial republicano, dos millones ochocientos siete mil. Dos punto siete mixto. Treinta y dos punto siete solo generales, tres millones ciento noventa y un mil. Ocho punto nueve sin historial alguno, ochocientos setenta mil.

Ese último grupo merece examen. Transparencia USA los define como votantes sin registro de primaria ni de elección general previa. Cubre tres perfiles: jóvenes que cumplieron dieciocho entre elecciones, gente que se mudó a Texas y vota aquí por primera vez, y votantes dormidos que llevaban años sin participar. Las fuentes cuantificables apuntan a tres canales. Primero, el crecimiento natural del padrón: Texas sumó cuatrocientos dieciocho mil registros desde dos mil veinticuatro, más que el crecimiento poblacional del año, trescientos noventa y un mil. Segundo, el respaldo del motor-voter: el fallo del DPS dejó atrapadas casi seiscientas mil transacciones desde octubre de dos mil veinticinco, aunque el Dallas Morning News aclara que no todas eran inscripciones nuevas —había duplicados, cambios de domicilio y casos ya resueltos. Tercero, la movilización activa: MOVE Texas y grupos similares registraron a jóvenes hispanos en masa, y Tom Bonier documentó setecientos sesenta y tres mil votantes anticipados que no participaron en dos mil veinticuatro, de los cuales trescientos sesenta y siete mil eran hispanos y ciento veintidós mil menores de treinta.

El dato de Tarrant es ilustrativo: de ciento sesenta y cinco mil registrados desde dos mil veinticuatro, cincuenta mil votaron anticipado. En Harris, el grupo de dieciocho a veinticuatro años tuvo cuarenta y cuatro por ciento de participación, el más alto de cualquier franja etaria del condado.

La falacia a evitar: tratar los ochocientos setenta mil como si fueran todos inscripciones nuevas del fallo del DPS. El estado mismo admitió que parte del respaldo eran actualizaciones, no altas. Y el grupo sin historial incluye a gente registrada desde hace años que simplemente no votaba. Lo que nadie ha publicado es el cruce limpio: de esos ochocientos setenta mil, cuántos se inscribieron por DPS después de octubre de dos mil veinticinco, cuántos eran menores de veinticinco, y cuántos tenían domicilio en condados fronterizos. Ese cruce existe en la base del Secretario de Estado y es exactamente lo que la SPLC demandó sin éxito el veintiocho de octubre, cuando el juez Xavier Rodríguez desechó la demanda de la NAACP y LULAC por falta de pruebas de daño concreto.

Donde sí hay algo verificable que alimenta la desconfianza es el cruce con la base federal SAVE: identificó dos mil setecientos veinticuatro posibles no ciudadanos en el padrón. Tras revisión manual con el Departamento de Seguridad Pública, quinientos setenta y ocho demostraron ser ciudadanos, y el estado refirió solo ciento diecisiete casos al fiscal general. El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra nueve personas en Texas por votar como no ciudadanos. Son casos reales, pero a escala de decenas frente a casi diez millones de votos. El patrón histórico es el mismo en otros estados: listas iniciales de miles que se reducen a puñados tras verificación.

Hay dos problemas legítimos de otro tipo. Uno: el fallo del sistema motor-voter retrasó casi seiscientas mil inscripciones entre octubre de dos mil veinticinco y febrero de dos mil veintiséis, y grupos de derechos civiles demandaron al estado por no liberar los registros. Dos: la fundación Public Interest Legal Foundation reportó tres mil quinientos registros defectuosos en veintidós condados del sur de Texas, incluyendo duplicados y fechas de nacimiento ficticias. Eso merece investigación seria, no por lo que implica para este resultado, sino porque erosiona la confianza en el sistema. La falacia es confundir “hubo irregularidades documentadas” con “hubo irregularidades suficientes para cambiar el resultado”. Son dos afirmaciones con evidencia muy distinta. La primera tiene soporte. La segunda, hasta ahora, no.

Los resultados son no oficiales hasta el escrutinio estatal, que corre del veintiuno de noviembre al siete de diciembre. El Secretario de Estado tiene hasta el diecisiete de noviembre para certificar. La Legislatura se organiza el doce de enero. Hinojosa toma posesión el diecinueve de enero de dos mil veintisiete.

Es el primer control demócrata completo de la rama legislativa desde mil novecientos noventa y uno, cuando Ann Richards gobernaba con ambas cámaras. La diferencia es que en los noventa los demócratas texanos eran conservadores del sur —los llamados boll weevils— que votaban con los republicanos en temas fiscales. Esta bancada es progresista urbana, y eso sí altera el eje de Austin de verdad.

En el Senado, diecinueve de treinta y un escaños dan mayoría simple pero no los veintiuno para cerrar el filibuster ni los veintiséis para enmiendas constitucionales. Vikki Goodwin controla qué proyectos llegan al piso. Talarico ya anunció que priorizará el alza del salario mínimo estatal y la expansión de Medicaid. Las enmiendas constitucionales —como cambiar el techo de deuda o el sistema de impuestos— necesitarían a republicanos, y esos no van a votar. El veto es el único freno republicano que queda, y Hinojosa ya dijo que usará el de línea de partida para frenar leyes.

Los escándalos documentados de Abbott son cinco. Primero, los vales escolares: un programa de mil millones de dólares donde el setenta por ciento de las familias beneficiadas ya mandaban a sus hijos a escuelas privadas u homeschooling. Pagaron con dinero público a gente que ya pagaba de su bolsa. Eso alienó al electorado rural que temía el colapso de sus distritos públicos. Segundo, los centros de datos: Abbott cortejó la inversión de Big Tech con incentivos fiscales y regulación laxa hasta que la oposición rural explotó por el consumo de agua y electricidad. En junio de dos mil veintiséis ordenó que pagaran su propia infraestructura; en septiembre frenó mil ochocientos proyectos. El viraje llegó tan tarde que olía a teatro electoral. Tercero, la corrupción contractual: Public Citizen encontró que donantes del PAC Texans for Greg Abbott recibieron casi mil millones de dólares en contratos sin licitación entre dos mil veinte y dos mil veinticuatro, habilitados por declaraciones de emergencia de COVID, frontera y desastres naturales que suspendían las reglas de menor postor. Cuarto, el seguro de hogar: las primas subieron setenta y nueve por ciento en seis años, de menos de dos mil a más de tres mil quinientos dólares anuales. Abbott emitió una directiva en agosto para regular, pero Hinojosa la convirtió en prueba de que el problema nació bajo su gobierno. Quinto, Operation Lone Star: once mil millones de dólares en seguridad fronteriza, con autobuses de migrantes enviados a ciudades demócratas —más de ochenta mil personas desde dos mil veintidós— y alambre de cuchilla en el Río Grande. El gobierno federal reembolsó siete mil quinientos millones, pero el costo político en el electorado latino fue brutal.

Ninguno de estos cinco es ilegal por sí solo. Son heridas autoinfligidas: políticas que Abbott defendió con uñas y dientes y que terminaron volviéndose contra él. Y todos beneficiaron a donantes millonarios —Yass con los vouchers, Musk y los magnates del petróleo con los centros de datos y los contratos— mientras el costo caía sobre el contribuyente promedio.

La predicción de que Texas seguirá siendo azul estilo California es una extrapolación que la evidencia no sostiene. California tardó cuarenta años en volverse azul de forma sostenida: de Reagan en ochenta y cuatro a Newsom en dieciocho. Texas en dos mil veintiséis sigue eligiendo veinticuatro republicanos contra catorce demócratas en el Congreso, y Collin y Montgomery —dos de los condados de más rápido crecimiento— votaron republicano con cinco y veintinueve puntos de ventaja. Lo que pasó no fue un realineamiento estructural, fue una elección intermedia con tres factores coyunturales: una primaria republicana fratricida, doce años de deudas acumuladas, y un electorado latino que castigó la agenda migratoria sin necesariamente volverse demócrata de por vida. El precedente de dos mil dieciocho es el correcto: Beto sacó cuarenta y ocho punto tres contra Abbott y Texas no se volvió azul. Cuatro años después Trump ganó el estado por trece puntos. El péndulo en Texas ha oscilado, no ha girado.

Lo que sí cambia es el piso: los demócratas demostraron que pueden ganar una intermedia sin candidato presidencial encima, y eso obliga a los republicanos a reconstruir coalición antes de dos mil veintiocho. Pero “obligados a reconstruir” no es “condenados a perder”. El viraje latino fue impulsado en parte por hispanos que votaron por Trump en dos mil veinticuatro y ahora se arrepienten. Ese voto es volátil por definición —responde a coyuntura, no a identidad partidista. Si en dos mil veintiocho el tema migratorio se suaviza o la economía mejora, ese bloque puede regresar. La pregunta real no es si Texas será California, sino si los republicanos texanos entienden que ya no pueden ganar con el mismo mensaje de dos mil veintidós.

Con un gobierno ahora totalmente demócrata, las preocupaciones sobre impuestos, regulaciones y gasto público son razonables pero prematuras. Hinojosa y Talarico aún no toman posesión. Texas tiene en su constitución la obligación de presupuesto equilibrado, así que un gasto desbocado sin ingresos nuevos es estructuralmente difícil. Donde sí hay señales concretas: los demócratas estatales han propuesto aumentar el gasto en educación pública y salud, y Talarico habló de gravar a los centros de datos por el agua y la electricidad, no de frenar la industria. Regular, no prohibir. La trampa es comparar con California sin mirar la diferencia legal. California no tiene techo de deuda ni regla de equilibrio estricto; Texas sí. Y el Senado estatal, aunque demócrata, sigue necesitando sesenta y siete votos para pasar impuestos nuevos —la supermayoría constitucional. Con setenta y siete escaños en la Cámara no les alcanza solos. Lo que sí es un riesgo real es la señal a las empresas: si el mensaje que sale de Austin es “el negocio grande paga”, la reubicación de sedes que ya venía moviéndose hacia Texas puede frenarse. Pero eso es percepción de mercado, no ley aprobada.

Sobre el salario mínimo y las regulaciones, la evidencia es mixta, no automática. La teoría clásica dice que el salario mínimo por encima de la productividad marginal destruye empleos de baja cualificación. Pero los estudios de Card y Krueger en Nueva Jersey en los noventa, y la revisión de Cengiz y colegas en dos mil diecinueve con datos de cuarenta y cinco años, encontraron efectos de empleo cercanos a cero cuando el alza es moderada. El problema real no es el salario mínimo en sí, es la magnitud y la velocidad: un salto del siete cuarenta y cinco al quince en California sí mostró pérdidas en restaurantes de comida rápida según la Universidad de Washington. La diferencia entre teoría y dato es que la teoría asume mercados perfectamente competitivos, y el mercado laboral de bajos salarios no lo es —hay poder de monopsonio del empleador que absorbe parte del costo.

Con las regulaciones pasa algo similar. La regla general es que cada regulación tiene un costo de cumplimiento que pesa más sobre las empresas chicas que no pueden repartirlo. Texas tiene de las regulaciones ambientales y laborales más ligeras del país, y eso es parte de por qué atrajo migración empresarial. Si Austin endurece eso sin calibrar, el riesgo no es teórico: es que las sedes que llegaron por ese diferencial empiecen a cotizar mudanzas. Pero también es cierto que la regulación sin costo no existe —el agua y la red eléctrica de Texas ya mostraron sus límites con el apagón de dos mil veintiuno, y eso también fue falla de diseño. La falacia en un lado sería asumir que toda regulación es dañina por definición. La falacia del otro lado es asumir que toda regulación corrige fallas de mercado. Las dos son simplificaciones. Lo que importa es el análisis costo-beneficio de cada medida específica, y eso es exactamente lo que la legislatura nueva va a tener que hacer con números, no con eslóganes.

Texas sigue siendo el estado con más mudanzas interestatales netas del país. El diferencial de costo de vida contra California y Nueva York sigue intacto. La base empresarial —energía, manufactura, logística— no se muda por un ciclo electoral. Lo que sí se perdió es la narrativa de Texas como refugio intocable contra la izquierda. Esa era la marca que Abbott vendía, y ahora toca a los republicanos demostrar que pueden competir sin ella.

Y hay un factor generacional que ningún análisis electoral capta del todo. No todos los jóvenes que apoyan ideas de izquierda han leído el Manifiesto ni vivieron una economía planificada. Para muchos, “socialismo” significa Dinamarca o Canadá —salud pública, universidad subsidiada— no la Unión Soviética ni Cuba. El problema es real en otro sentido: la memoria institucional se pierde. La generación que vivió el colapso del bloque soviético en tiempo real lo transmite a una que lo estudia en un libro, si es que lo estudia. Y cuando la lección se vuelve abstracta, el experimento se vuelve tentador otra vez. Pero también es cierto que cada generación redescubre por su cuenta lo que la anterior pagó por aprender —a veces con costo, a veces con suerte. Lo medible es la brecha: encuestas de YouGov y Pew muestran que entre votantes de dieciocho a veintinueve, más del cuarenta por ciento ve favorablemente al socialismo, mientras que entre mayores de sesenta baja al quince. Esa divergencia no es casualidad; es el resultado de sesenta años de educación pública donde el marxismo se enseña como teoría crítica y no como historia de fracasos documentados.

Texas en dos mil veintiséis no se volvió California. Se volvió un estado donde el péndulo ya no oscila con la misma holgura de antes. Los republicanos conservan el Congreso federal, los condados de mayor crecimiento y la marca empresarial. Los demócratas demostraron que pueden ganar sin candidato presidencial, con una base latina movilizada y un electorado no partidista que inclinó la balanza. Lo que viene no es un realineamiento, es una pelea por reconstruir coaliciones antes de que la boleta presidencial de dos mil veintiocho vuelva a definir todo.

Fuentes: Secretario de Estado de Texas, Reuters, Associated Press, Dallas Morning News, Daily Beast, Public Citizen, Public Interest Legal Foundation, Universidad de Washington, estudios de Card y Krueger, revisión de Cengiz y colegas, Tom Bonier, MOVE Texas, Transparencia USA, SPLC, NAACP, LULAC.

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