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Naciones Unidas.- La Administración Trump intensificó esta semana su campaña diplomática para reducir el respaldo internacional a la resolución anual que condena el embargo estadounidense contra Cuba. El lunes, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, organizó en la sede del organismo el panel “Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta”, con la participación de disidentes y exprisioneros políticos.

Entre los intervinientes figuraron José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, además de la investigadora María Werlau y el economista Emilio Morales.

Ferrer relató más de doce años en prisión, nueve de ellos en aislamiento, y rechazó ofertas de liberación
condicionada a apoyo público al gobierno. Otero Alcántara, liberado al exilio hace tres meses tras cinco años de cárcel, afirmó que más de treinta artistas permanecen encarcelados.

Werlau cuestionó las misiones médicas cubanas en el exterior, señalando que los médicos ganan menos de diez dólares mensuales en la isla y que solo el 0,96 por ciento de los ingresos por esos servicios se reinvirtió en el sistema de salud entre 2018 y 2024.

Waltz citó una investigación del Miami Herald sobre los registros financieros de GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana, que mostró 18 mil millones de dólares en activos corrientes en 2024. “No encuentran energía para hospitales ni hogares, pero sí para las prisiones”, dijo.

Un diplomático ucraniano afirmó que más de mil cubanos firmaron contratos con el ejército ruso entre 2023 y 2025.

Al cierre, Waltz pidió votar en contra o abstenerse: “No se rindan a esta mentira”.

Diplomáticos cubanos, encabezados por el embajador Ernesto Soberón Guzmán, protestaron en los pasillos y calificaron el evento de “espectáculo engañoso” y a los panelistas de “terroristas”. El canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de cometer un “crimen genocida” mediante el embargo y lo que La Habana llama “bloqueo energético”.

El gobierno cubano sostiene que el embargo costó 8,08 mil millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Economistas independientes cuestionan la metodología de esas cifras, que incluyen
transacciones hipotéticas.

La votación está prevista para el 27 y 28 de octubre. El año pasado la resolución obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, un retroceso respecto a los 187 de 2024. La resolución no es vinculante; solo el Congreso estadounidense puede levantar el embargo.

El esfuerzo de Washington forma parte de la política de máxima presión, que incluye restricciones de combustible y sanciones a funcionarios y entidades militares.

El choque refleja la disputa de fondo: Estados Unidos argumenta que la represión interna y el control militar de la economía explican el deterioro de las condiciones de vida, mientras La Habana atribuye toda
responsabilidad al embargo.

La votación de la próxima semana medirá si la ofensiva diplomática logra ampliar la erosión de apoyos registrada en 2025. (CCPress)

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