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title: "El trasvase silencioso: cómo la Tarea Ordenamiento vació el salario"
date: 2026-11-05T12:12:56Z
modified: 2026-11-05T12:12:56Z
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Por Jorge Sotero

La Habana.- El paquete de las 176 medidas se presenta como tabla de salvación de una economía “socialista”, pero arrastra una incoherencia doctrinal que la propia estadística oficial delata: la Tarea Ordenamiento de 2021 incrustó un sesgo antiobrero en la distribución del ingreso. Conviene partir de un dato que el relato oficial de política económica no menciona: la abrupta modificación del peso relativo de la remuneración de los trabajadores en el PIB.

La participación de la remuneración de los trabajadores en el PIB a precios básicos cayó de alrededor del 55% en 2020 a cerca del 25% en 2021, y se ha mantenido estancada desde entonces en niveles que representan aproximadamente la mitad del promedio de 2016-2020. No se trata de una fluctuación coyuntural, sino de un desplazamiento permanente que deterioró el peso del trabajo asalariado en el ingreso nacional.

Ese trasvase no se explica por una expansión del ingreso mixto. El sector de Trabajo por Cuenta Propia se contrajo —de unos 617 mil en 2019 a unos 596 mil en 2021— y las MIPYMES, aprobadas en la segunda mitad de ese año, apenas incidieron en los agregados anuales. El desplazamiento fue, en lo esencial, desde la remuneración de los trabajadores hacia el excedente de explotación del sector empresarial formal, mayoritariamente estatal.

## Y llegó el caos

El mecanismo fue contable: la revaluación del valor agregado que acompañó a la unificación monetaria y a la liberalización parcial de precios creció más rápido que la masa salarial formal. El resultado fue un salto del residual hacia el excedente de las empresas estatales. En otras palabras, aunque la economía crezca, los trabajadores reciben una porción menor del valor creado, mientras el excedente controlado por el planificador central aumenta.

La distribución secundaria tampoco compensó. El gasto social en salud pública y asistencia social, educación y seguridad social como porcentaje del PIB cayó de forma marcada a partir de 2020-2021 y se ha mantenido en niveles sustancialmente más bajos. El Estado retuvo una proporción mayor del producto social, pero no la redistribuyó vía presupuesto en una magnitud que compensara la pérdida de participación salarial.

La conclusión es incómoda para el relato oficial: un modelo que postula la primacía del trabajo y la distribución equitativa del excedente registró, en la práctica, una captura de valor agregado por el sector empresarial formal sin contrapartida suficiente en la distribución secundaria. La coherencia entre el discurso de justicia social y la evidencia estadística queda, cuanto menos, debilitada. (**Inspirado en un texto de Pedro Monreal)**

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