El régimen castiga a líder masónico por compra ilegal de divisas
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Por Anette Espinosa
La Habana.- El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre celebró hoy un juicio contra cuatro ciudadanos acusados de tráfico ilegal de divisas, entre ellos José Ramón Viñas Alonso, quien se desempeñaba como Muy Poderoso Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y presidente del Patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó.
La sentencia establece que Viñas Alonso realizó varias operaciones de cambio de dólares estadounidenses por canales distintos a los legalmente establecidos, junto al contador de la institución, Fernando Marcos García, y con la participación de Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
Una vez más, las autoridades judiciales cubanas sacan a relucir su maquinaria represiva para castigar operaciones financieras que se han convertido en parte de la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Viñas Alonso recibió cuatro años de limitación de libertad y una multa de 500 cuotas de 50 pesos. Fernando Marcos García fue sancionado con tres años de limitación de libertad y 500 cuotas de 40 pesos, mientras que Santiesteban Prats y Villegas Digat recibieron dos años de limitación de libertad y multas de igual cuantía.
A todos les impusieron sanciones accesorias de privación de derechos, prohibición de salida del territorio nacional y prohibición de ejercer sus respectivos cargos u oficios. La pregunta que queda sobre la mesa es la responsabilidad de un Gobierno que ha destruido el valor de su propia moneda y después utiliza los tribunales para perseguir a quienes buscan alternativas ante un sistema cambiario incapaz de responder a las necesidades reales de la población.
El mercado informal de divisas no apareció por generación espontánea. Es consecuencia directa de décadas de improvisación económica, controles absurdos y políticas monetarias que han empobrecido a los cubanos. En la isla, conseguir dólares resulta indispensable para acceder a determinados productos y servicios, incluso cuando el Estado no tiene capacidad para garantizar las necesidades más elementales.
La dictadura pretende controlar hasta el último centavo que circula dentro del país, aunque no consigue controlar la inflación, el desplome del peso ni la corrupción que se reproduce en sus propias estructuras. No se puede exigir confianza en una moneda que el propio Gobierno ha convertido en símbolo de la miseria nacional.
El caso también deja sobre la mesa una realidad incómoda para el régimen: Cuba necesita instituciones independientes, seguridad jurídica y libertad económica, no más tribunales utilizados para imponer miedo.
La nota oficial asegura que los acusados contaron con abogados y garantías procesales, además de reconocerles el derecho a presentar recurso de apelación. Eso forma parte del procedimiento anunciado por las autoridades, aunque no elimina el debate sobre la legitimidad de un sistema judicial que opera bajo un poder político sin separación efectiva de poderes.
Los cubanos no necesitan más castigos por intentar sobrevivir en una economía destruida. Necesitan un país donde trabajar, administrar sus recursos y realizar operaciones legítimas no dependa del permiso de una dictadura que lleva más de seis décadas demostrando su incapacidad.
