El Estado democrático de derecho en Cuba y el pesimismo de la comparación con los imperfectos

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Por Pedro Monreal ( El Estado como tal)

La Habana.- Escucho de nuevo la crítica a quienes proponemos trasformaciones económicas que tienen como visión un Estado democrático de derecho en Cuba y una vez más la crítica consiste en que no tiene sentido promoverlo en Cuba porque en América Latina los gobiernos democráticos fracasan. Es un error de análisis y de prioridad.

Primero, porque se rehúye una discusión útil centrada en Cuba, que es el asunto relevante, al menos para mí. Examinar los problemas de América Latina o de la Conchinchina no son prerrequisitos indispensables para analizar los problemas de Cuba. Es bueno estar enterados sobre otras realidades, pero ¿cuál es el sentido de invitarnos a mirar hacia otra parte cuando es posible analizar y debatir directamente un proyecto político alternativo que pueda ser evaluado y corregido por los ciudadanos?

Los problemas de corrupción, populismo, desigualdad, e inestabilidad son reales y graves en América Latina y en muchas otras partes del mundo, pero son distintos a problemas de Cuba como el monopolio constitucional de un partido único, la ausencia total de competencia electoral y la represión sistemática sostenida de la disidencia política pacífica durante más de seis décadas.

Relativizar la demanda a establecer límites al poder y pluralismo político en Cuba simplemente porque otros países de la región tienen gobiernos mediocres y malos equivale a regodearse con el pesimismo de la comparación con los imperfectos. La existencia de problemas en otros países no justifica perpetuar en Cuba un sistema que constitucionaliza la ausencia de alternativas.

Segundo, porque lo que se intenta contraponer a una propuesta de Estado democrático de Derecho es algo a lo que se denomina un “Estado socialista de derecho”, término que en mi opinión es una construcción retórica porque funciona como instrumento de preservación del poder, no como límite, y que es parte de un relato de legitimización del monopolio del poder de un solo partido que se autoerige constitucionalmente como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” que opera en ausencia de mecanismos reales de control externo como elecciones competitivas, separación de poderes, sociedad civil independiente y prensa libre.

¿Es tan difícil entender que existen muy altas probabilidades de que el actual paquete de 176 medidas se inscribe en un patrón recurrente de grandes planes (ordenamiento, actualizaciones del modelo, corrección de distorsiones, etc.) que se diseñan desde el centro político-partidista, se legitiman ideológicamente como “continuidad” de un modelo socialista y que cuando sus diagnósticos y planes fracasan no hay consecuencias sustanciales para el poder?

¿Es tan difícil asumir que cuando el poder se hace alguna autocrítica, esta es interna, leve y selectiva, principalmente reconociendo “distorsiones”, “errores de implementación” o “circunstancias externas”, pero manteniendo esencialmente intacto el diseño de poder que produce esos resultados?

La previsible falta de autocrítica es clave

Un grupo que se presenta como vanguardia iluminada con acceso privilegiado a la “verdad histórica” y estratégica y que practica sistemáticamente la exclusión política tiende a interpretar los fracasos como desviaciones de la línea correcta o como efectos circunstanciales factores externos, no como señales de que la concentración de poder produce errores de diseño, incentivos perversos y ausencia de información fiable.

Sin oposición institucional ni independencia judicial, no hay presión para revisar el principio mismo de situarse “por encima de todo”. El resultado es una sucesión de planes ambiciosos que agravan la pobreza y el descalabro sin que el sujeto político responsable pierda capacidad de seguir decidiendo.

Es probable que siga utilizándose el pesimismo de la comparación con los imperfectos de la región, pero habiéndonos enterado de tamañas imperfecciones, invitaría a concentrar los argumentos en los problemas de Cuba.

Para poder entender mejor la oposición a la perspectiva de un Estado democrático de derecho en Cuba -una oposición que puede ser legítima- sería conveniente que se hagan explícitos los argumentos acerca de ¿qué hay exactamente de negativo, en términos de principios democráticos y de eficacia institucional?

– En que la soberanía resida en el pueblo y no en el PCC;

– En que los partidos representen a la ciudadanía sin ser titulares del poder ni poder apropiarse del Estado;

– En que el poder se ejerza mediante mandatos temporales obtenidos en elecciones libres y multipartidistas;

– En que ninguna decisión de una mayoría pueda suprimir la dignidad, la igualdad ante la ley ni las garantías que protegen a las minorías;

– En que las libertades inalienables no sean concesiones del gobierno, sino derechos que el poder no puede abolir (aunque pueda regular su ejercicio), incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la libertad de buscar, recibir y difundir información, la libertad académica y de creación, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación (incluidos partidos, sindicatos y organizaciones civiles), y el derecho al debido proceso, a la defensa y a un juez independiente e imparcial

Cuba incumple estos criterios de manera sistemática. Sería bueno que se expresara con claridad si algunas de las cosas listadas arriba son lesivas para el bienestar ciudadano, la soberanía nacional y el desarrollo.

Miremos primero eso y después podemos hablar de “experiencias históricas” en América Latina y en otras partes.