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title: "ICE A LA CUBANA: EN LA ISLA NO HACE FALTA SER EXTRANJERO PARA SER ILEGAL"
date: 2026-11-03T13:26:11Z
modified: 2026-11-03T13:26:11Z
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excerpt: Cuba critica las redadas migratorias de Trump, pero realiza operativos internos contra sus propios ciudadanos. ¿Una doble moral en la isla?
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featured_image_alt: En la foto, agentes de la policía cubana, civiles y uniformados, participando en las redadas
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Por Anette Espinosa ()

**La Habana critica las redadas migratorias de Donald Trump y reclama respeto para los derechos de los inmigrantes. Pero en San Miguel del Padrón, 71 personas terminaron detenidas en un operativo que también alcanzó a cubanos procedentes de otras provincias por vivir en la capital sin autorización administrativa. En Cuba, al parecer, hasta para mudarse de una provincia a otra hay que pedirle permiso al poder.**

La Habana.- Hay ironías que se escriben solas. Mientras Bruno Rodríguez Parrilla denuncia las políticas migratorias de Donald Trump, habla de persecución, discriminación y atropellos contra los inmigrantes en Estados Unidos, las autoridades cubanas organizan sus propios operativos para localizar y detener a ciudadanos cuyo delito administrativo consiste en vivir en La Habana sin tener la autorización correspondiente.

La noticia publicada por _Infobae_ es reveladora: 71 personas fueron detenidas durante un despliegue policial en San Miguel del Padrón. Entre ellas había individuos investigados por presuntos delitos, pero también cubanos procedentes de otras provincias, clasificados por las autoridades como «indocumentados e ilegales en la capital». No todos estaban allí por la misma razón, y esa distinción importa. Pero que un ciudadano pueda ser tratado como irregular dentro de su propio país merece una explicación que el Gobierno difícilmente podrá ofrecer sin tropezar con su propia retórica.

La comparación con ICE tiene sus diferencias jurídicas, desde luego. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense actúa sobre extranjeros sujetos a las leyes migratorias de Estados Unidos; la policía cubana interviene contra ciudadanos cubanos dentro de su propio territorio. Pero la contradicción política es demasiado evidente para disimularla. En agosto pasado, el propio Bruno Rodríguez calificó de «feroces» las políticas de represión antimigrante de Washington y denunció el trato discriminatorio que, según él, sufrían los cubanos recién llegados a Estados Unidos. Ahora habría que preguntarle al canciller qué nombre merece que un santiaguero, un guantanamero o un granmense sea señalado como ilegal por intentar establecerse en la capital de su país. ¿Los derechos de los migrantes se defienden solamente cuando el responsable es Donald Trump?

## Migrar para sobrevivir

La legislación cubana sobre residencia interna ha convertido durante décadas el traslado hacia La Habana en una carrera de obstáculos burocráticos. El Decreto-Ley 217, aprobado en 1997 y modificado parcialmente en 2011, estableció requisitos especiales para quienes procedían de otros territorios y pretendían domiciliarse permanentemente en la capital.

El resultado es una aberración difícil de justificar en cualquier sociedad que se tome en serio la igualdad de sus ciudadanos: nacer en una provincia puede convertirse en una desventaja para vivir en otra. Como si La Habana fuera una propiedad privada del Estado y sus habitantes tuvieran que demostrar que merecen el privilegio de residir allí. No se trata de negar la necesidad de combatir delitos ni de cuestionar que la policía actúe ante hechos concretos. Se trata de algo mucho más elemental: ningún cubano debería necesitar una autorización política o administrativa para buscar trabajo, reunirse con su familia o intentar construir una vida en otra parte de su propio país.

Y hay una crueldad adicional en esta historia. La Habana concentra buena parte de las oportunidades laborales, los servicios y la actividad económica de una nación donde las provincias orientales y otros territorios sufren también las consecuencias de la pobreza, el abandono y la falta de perspectivas. Muchos de quienes llegan a la capital no lo hacen por capricho turístico ni para desafiar al Ministerio del Interior. Se desplazan porque necesitan sobrevivir, porque buscan un empleo, porque tienen familiares o porque en sus lugares de origen las oportunidades escasean todavía más. El mismo sistema que ha sido incapaz de ofrecerles condiciones dignas de vida termina convirtiendo su búsqueda de oportunidades en un problema policial. Primero no les garantiza un futuro en sus provincias; después les recuerda que tampoco pueden instalarse libremente donde creen encontrarlo.

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## La doble moral del castrismo

La operación de San Miguel del Padrón reunió bajo un mismo despliegue a personas investigadas por presuntos delitos y a ciudadanos cuya situación irregular estaba relacionada con su residencia en la capital. Esa mezcla no es un detalle menor: permite presentar ante la opinión pública a todos bajo el paraguas de la seguridad ciudadana, aunque las situaciones sean diferentes. Y cuando una publicación de la propia Policía Nacional Revolucionaria desaparece después de difundirse, mientras no se ofrecen detalles suficientes sobre la situación de los detenidos ni sobre posibles devoluciones a sus provincias, las preguntas se multiplican. ¿Cuántos fueron detenidos por hechos delictivos concretos? ¿Cuántos por su situación residencial? ¿Qué garantías tuvieron? ¿Qué ocurrió finalmente con ellos? La seguridad ciudadana no puede convertirse en una etiqueta que dispense a las autoridades de explicar sus actuaciones.

La doble moral alcanza su expresión más grotesca cuando el Gobierno cubano se presenta ante el mundo como defensor de los derechos de los migrantes mientras mantiene mecanismos que restringen la movilidad de sus propios ciudadanos. Exige a Washington respeto para los cubanos que viven allí, pero no parece dispuesto a reconocerles a los cubanos que viven aquí la misma libertad para desplazarse y establecerse donde quieran. Condena las redadas de ICE, pero despliega sus propios controles. Denuncia la discriminación contra los extranjeros, pero tolera que un compatriota sea tratado como un intruso en la ciudad donde intenta ganarse la vida. La diferencia es que el cubano perseguido por estos controles no necesita cruzar el estrecho de Florida, atravesar una frontera ni solicitar asilo: le basta con viajar desde Oriente hasta La Habana.

Al final, el problema no es que Cuba tenga o no tenga su propia versión de ICE. El problema es que un Estado que proclama la igualdad de todos los ciudadanos conserve normas y prácticas que restringen derechos tan elementales como elegir dónde vivir. Bruno Rodríguez puede seguir pronunciando discursos sobre la dignidad de los migrantes y condenando las políticas de Trump. Pero antes debería explicar por qué un cubano necesita permiso para vivir en la capital de su país. Porque los derechos no pueden ser una bandera que se agita en Naciones Unidas y se guarda en un cajón cuando se trata de los ciudadanos propios. En Cuba, al parecer, el extranjero no siempre viene de otro país: a veces llega en una guagua desde Santiago de Cuba.

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