Régimen cubano entrega la gestión de 30 mercados estatales a operadores privados ante el desabastecimiento

Por Rafael Martínez

La Habana.- El régimen cubano puso en funcionamiento 30 llamados “Mercados de Barrio”, una fórmula que permite entregar la administración de bodegas, mercados y carnicerías estatales a Mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, empresas estatales e inversionistas extranjeros.

Los establecimientos continúan bajo propiedad estatal, aunque su explotación comercial pasa a manos de nuevos gestores mediante procesos de licitación. La medida revela una contradicción evidente: después de décadas de control absoluto sobre el comercio minorista, el propio Gobierno se ve obligado a recurrir a actores no estatales para intentar levantar negocios que terminaron hundidos por la ineficiencia del modelo oficial.

La Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior establece el nuevo mecanismo y reconoce entre sus fundamentos la contracción en la llegada de mercancías, las dificultades con el combustible y otras restricciones que afectan el abastecimiento.

Los locales seleccionados presentan precisamente bajos niveles de oferta y actividad comercial. El plan pretende llevar hasta estos puntos productos esenciales, incluidos arroz, azúcar, café, aceite, huevos, pollo, leche en polvo, carnes, pescado y granos, además de artículos de higiene.

El Estado ofrece incentivos a los operadores, entre ellos una reducción del impuesto sobre las ventas minoristas al 5 % y hasta dos años sin pagar el arrendamiento del establecimiento.

La operación tiene además un fuerte componente de ironía histórica. En 1968, Fidel Castro lanzó la llamada Ofensiva Revolucionaria y prácticamente eliminó el pequeño comercio privado que aún sobrevivía en Cuba, con decenas de miles de negocios intervenidos por el Gobierno.

Ahora, casi seis décadas después, el mismo sistema que acabó con aquellos establecimientos necesita que empresarios privados vuelvan a gestionar las bodegas y carnicerías. La diferencia es que esta vez el régimen conserva la propiedad de los locales y pretende beneficiarse de una actividad comercial que durante años mantuvo sometida a una burocracia incapaz de garantizar siquiera los productos básicos.

Los “Mercados de Barrio” llegan en medio de una crisis económica marcada por escasez, inflación, falta de combustible y apagones prolongados. El régimen presenta la iniciativa bajo el lenguaje habitual de la “transformación” y la “eficiencia”, aunque la realidad resulta bastante más sencilla: las estructuras estatales no consiguen abastecer a la población y ahora necesitan ayuda del sector que durante décadas mantuvieron bajo control.

El experimento podrá mostrar si existe alguna mejora en las ofertas, los precios y la distribución; hasta entonces, la medida queda también retratada por una paradoja difícil de esconder: la revolución que expropió las bodegas termina llamando a los privados para que intenten hacerlas funcionar.