Bruno Rodríguez utiliza el hambre infantil en Cuba para atacar a Estados Unidos

Por Yeison Derulo

La Habana.- Bruno Rodríguez volvió a colocar a Estados Unidos en el centro de sus denuncias, esta vez a propósito de una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el acceso de los niños a una alimentación adecuada.

El canciller cubano presentó la iniciativa, impulsada por Cuba junto a otros países, como un reproche directo a las sanciones estadounidenses. La maniobra política resulta evidente: señalar al enemigo exterior permite al régimen desviar la atención de una pregunta incómoda para sus dirigentes: ¿quién responde por la incapacidad de garantizar una alimentación digna a los niños de la isla después de más de seis décadas de control estatal?

La resolución L.32 exhorta a evitar medidas contrarias al Derecho Internacional que dificulten el acceso infantil a alimentos nutritivos y promueve la cooperación entre países. El Gobierno cubano sostiene que las sanciones de Washington agravan la escasez y obstaculizan la llegada de recursos esenciales. Ese impacto no debe ignorarse, aunque tampoco puede convertirse en una excusa permanente para ocultar los errores de la gestión económica, la improductividad agrícola y el fracaso de un modelo incapaz de abastecer de forma estable los mercados. Cuando la comida escasea en los hogares, los discursos diplomáticos pierden valor si no vienen acompañados de soluciones concretas.

La gravedad de la crisis queda reflejada en las dificultades para distribuir miles de toneladas de alimentos que, según la información citada por Naciones Unidas en junio, permanecían sin repartir o llegaban a la población con lentitud debido a la falta de combustible.

La crisis energética y el encarecimiento de los productos básicos han reducido todavía más las posibilidades de numerosas familias. Sin embargo, el régimen sigue apostando por las declaraciones grandilocuentes y las denuncias internacionales, sin ofrecer respuestas proporcionales a las necesidades de la población. Los niños cubanos no pueden alimentarse de consignas ni esperar a que La Habana y Washington resuelvan sus disputas políticas.

Si el Gobierno quiere defender realmente el derecho de la infancia a una nutrición adecuada, debe empezar por rendir cuentas sobre sus propias decisiones y transparentar los recursos disponibles para garantizar el abastecimiento.

Culpar a Estados Unidos de todos los males puede servir para alimentar la propaganda oficial, aunque no llena los platos de las familias ni devuelve la tranquilidad a quienes deben buscar alimentos a precios inalcanzables.

La responsabilidad de proteger a los menores exige políticas eficaces, producción nacional, distribución funcional y ayuda sin obstáculos burocráticos. Los niños no deberían convertirse en instrumentos de confrontación diplomática: sus necesidades son demasiado urgentes para seguir subordinadas a la supervivencia política de una dictadura.