EL CASTRISMO QUIERE DEVOLVERLE A CUBA LO QUE LE ROBÓ: CAPITALISMO, PERO CON GENERALES

Escuchar este artículo

Audio completo disponible.

Después de confiscar empresas, comercios, industrias y pequeños negocios, el Gobierno cubano descubre que necesita empresarios, inversión extranjera, capital privado y turismo. Las 176 medidas económicas no representan solamente una rectificación: son el reconocimiento tardío de que el modelo que impuso durante décadas terminó destruyendo buena parte de aquello que ahora intenta reconstruir.

Por Jorge Sotero ()

Madrid.- Hay momentos en que la historia parece tener un sentido del humor extraordinario. El Gobierno cubano, que durante más de seis décadas convirtió la propiedad privada en una sospecha ideológica, ahora busca desesperadamente empresarios. El mismo poder que nacionalizó industrias, centrales azucareros, compañías de transporte, bancos, hoteles, cadenas comerciales y miles de establecimientos particulares anuncia que necesita inversión extranjera.

El mismo que despojó a los cubanos de sus negocios quiere ahora que esos cubanos —sobre todo los que consiguieron conservar o acumular algún capital— regresen con sus dólares para invertir en la economía nacional. Después de haber expulsado al propietario, confiscado su patrimonio y condenado su iniciativa, el castrismo descubre que sin propietarios, patrimonio e iniciativa no hay economía que funcione. Es una conversión tardía, aunque todavía no sabemos si sincera.

Un regreso a 1959

La historia de aquella demolición comenzó en 1959 y avanzó con particular intensidad durante los primeros años de la Revolución. Entre 1960 y 1961 fueron nacionalizadas numerosas empresas extranjeras y cubanas. Más tarde, en marzo de 1968, la llamada Ofensiva Revolucionaria terminó de barrer prácticamente con el pequeño comercio privado que todavía sobrevivía.

No quedaron a salvo los grandes propietarios ni los pequeños comerciantes. Desaparecieron negocios familiares, cafeterías, talleres, puestos de fritas, barberías, bodegas, establecimientos de reparación y hasta los más modestos servicios particulares. El Estado no quería competir con el ciudadano: quería sustituirlo. Y para conseguirlo no tuvo reparos en convertir la propiedad ajena en patrimonio estatal. Aquella revolución que prometía liberar al trabajador terminó arrebatándole al trabajador una de las libertades económicas más elementales: la de emprender por cuenta propia.

Ahora llega el segundo acto de esta comedia histórica. Las 176 medidas aprobadas en junio de 2026 abren espacios a grandes empresas privadas, inversión extranjera, participación privada en negocios estatales, bancos y operaciones inmobiliarias. También buscan flexibilizar sectores como el turismo y el comercio. Reuters las describió como el mayor giro hacia una economía de mercado desde 1959. No es poca cosa. Pero tampoco es una revolución liberal ni una renuncia al monopolio político.

El Gobierno insiste en que las transformaciones servirán para fortalecer el socialismo. Dicho de otro modo: quiere que funcione el capitalismo en aquellos espacios donde el socialismo fracasó, pero sin permitir que la sociedad alcance la libertad económica y política que haría posible una transformación verdaderamente profunda. Quiere empresarios, pero bajo tutela; inversión, pero con control; capital, pero sin perder el mando.

Las puertas abiertas a los adláteres

La historia del turismo ofrece otra muestra de esa monumental rectificación. Cuba tenía antes de 1959 una infraestructura hotelera y turística considerable, especialmente en La Habana y otros destinos. Tras la Revolución, las nacionalizaciones, el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y el cambio de orientación económica hicieron que el turismo internacional prácticamente desapareciera durante los años sesenta y buena parte de los setenta. Hoteles cerraron, instalaciones quedaron infrautilizadas y la actividad turística perdió el protagonismo que había tenido. Décadas después, el Gobierno convirtió el turismo en una de sus principales apuestas para conseguir divisas. Hoy vuelve a buscar operadores privados, agencias de viajes, guías independientes y capital extranjero. La pregunta resulta inevitable: ¿cuánto tiempo, cuántos recursos y cuántas oportunidades perdió Cuba antes de que sus dirigentes descubrieran que el turismo podía ser una fuente de riqueza y no una amenaza ideológica?

Pero hay algo todavía más delicado en esta nueva distribución de oportunidades. ¿Quiénes tendrán acceso a los activos estatales que se abran al capital privado? ¿Quién podrá comprar, asociarse, invertir y convertirse en propietario? ¿Qué garantías tendrán los pequeños empresarios, los cubanos de la diáspora y quienes no pertenecen a las estructuras de poder? La experiencia de la privatización postsoviética debería servir de advertencia: en la antigua Unión Soviética, una parte considerable de los activos públicos terminó concentrada en manos de personas vinculadas a las élites políticas y económicas que controlaban el proceso. Cuba no está condenada a repetir aquella historia, pero la opacidad de sus instituciones, el peso de las estructuras militares en sectores estratégicos y la ausencia de controles independientes obligan a formular una pregunta incómoda: ¿se está abriendo la economía a todos los cubanos o se está preparando una redistribución de negocios y patrimonio entre quienes ya tienen poder?

Explicaciones pendientes

Porque sería demasiado ingenuo creer que el problema cubano consiste solamente en haber nacionalizado empresas. También consiste en haber construido un sistema donde la propiedad, las oportunidades y las decisiones económicas dependen de una estructura política que no admite controles independientes. GAESA y otras entidades vinculadas al aparato estatal y militar han acumulado un peso extraordinario en sectores estratégicos, mientras la ciudadanía carece de información suficiente para conocer y fiscalizar buena parte de esas operaciones. Si ahora se abre la puerta a la participación privada, la transparencia no puede ser un adorno. Sin reglas iguales, seguridad jurídica, tribunales independientes y garantías para todos, el riesgo es que la nueva economía no termine siendo de los cubanos, sino de una élite que cambie de uniforme ideológico sin renunciar a sus privilegios. No se trataría de devolverle al ciudadano lo que perdió, sino de repartir de otra manera aquello que el Estado confiscó.

El castrismo ha terminado recorriendo, aunque sea parcialmente y a regañadientes, el camino que durante décadas presentó como una traición. Quiere inversión extranjera después de haber nacionalizado la propiedad extranjera; quiere capital cubano después de haber confiscado el capital de los cubanos; quiere pequeños empresarios después de haber liquidado sus negocios; quiere turismo después de haber desmantelado buena parte de la industria turística que heredó. Las 176 medidas pueden abrir oportunidades y aliviar algunas restricciones, pero no borran la responsabilidad histórica de quienes impusieron el modelo que hizo necesarias estas rectificaciones. Cuba no necesita que sus gobernantes le concedan, como un favor, el derecho a producir, comerciar, invertir y prosperar. Necesita que dejen de interponerse entre los ciudadanos y sus propias capacidades. Después de quitarle a un país casi todo lo que tenía, no basta con anunciar que ahora se le permitirá recuperarlo. Alguien tendrá que explicar por qué se lo quitaron, quién se benefició de aquella confiscación y quién pretende quedarse ahora con lo que queda.