El combustible de la opacidad

Por Oscar Durán

La Habana.- Estados Unidos sigue investigando y, en su debido momento, revelará los detalles de una operación que huele a régimen desesperado, intermediarios y mucho dinero dando vueltas. Dicen que hay varias compañías involucradas. La pregunta cae sola: ¿qué nexos tienen?, ¿desde cuándo estaban en esto?, ¿quiénes organizaron la ruta y quién terminó beneficiándose?

Los 90 embarques de combustible documentados por las autoridades estadounidenses estaban destinados al gobierno cubano a través de Enetec, una entidad sancionada por Washington. Setenta y un envíos fueron ubicados en Port Everglades y el resto en Houston. Demasiada mercancía, demasiadas empresas y demasiadas preguntas para despacharlo todo con el acostumbrado discurso de soberanía.

Esto no va de bloqueo. Al menos no de ese comodín que La Habana utiliza cada vez que necesita esconder su propia incapacidad. Estados Unidos sostiene que no pretende interferir con la ayuda humanitaria ni con el comercio legítimo; la investigación apunta a combustible destinado al régimen mediante una entidad sancionada. Son dos cosas completamente diferentes.

La dictadura cubana lleva décadas construyendo una narrativa donde cualquier presión externa sirve para justificar el desastre interno. Si falta comida, bloqueo. Si falta medicina, bloqueo. Si no hay combustible, bloqueo. Si las termoeléctricas se caen a pedazos, también bloqueo. La pregunta incómoda es otra: ¿cuánto combustible ha recibido el régimen durante décadas y qué hizo con esos recursos?

Lo verdaderamente escandaloso sería descubrir que detrás de estos embarques existía una red organizada para burlar sanciones, beneficiar a funcionarios o sostener económicamente a una estructura que mantiene al país en ruinas. Ahí es donde Estados Unidos debe llegar hasta el final y enseñar los papeles, los nombres, las compañías, las fechas y los nexos.

No basta con decir que fueron 90 embarques. Hay que saber quién los contrató, quién los financió, quién los autorizó y quién esperaba cobrar. Si existió una trama empresarial para abastecer al régimen mediante una entidad sancionada, que caiga todo el peso de la investigación sobre los responsables.

Y mientras se aclara todo, La Habana vuelve a ponerse el traje de víctima. Carlos Fernández de Cossío habla de ilegalidad y de hostigamiento en aguas internacionales. Perfecto: que presente las pruebas y explique también por qué el combustible tenía como destino al gobierno cubano mediante una entidad sancionada.

El régimen quiere discutir la legalidad de Estados Unidos, cuando lleva décadas negándole derechos básicos a su propio pueblo. Quiere hablar de soberanía, cuando millones de cubanos no tienen ni soberanía sobre un litro de gasolina. Aquí hay una verdad que no admite propaganda: Cuba necesita combustible, sí, aunque también necesita transparencia, libertad y un gobierno que deje de convertir cada investigación sobre sus negocios en otra novela del bloqueo.

El día que el régimen tenga que rendir cuentas por lo que hace con los recursos que recibe, se les acabará una de sus excusas favoritas.