La traición tiene rostro

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Por Jorge L. León (Historiador e investigador)

Carta abierta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez:

Le escribo sin protocolo, sin reverencias y sin la cortesía que suele reservarse a quienes ejercen el poder. No confundo el respeto debido a la dignidad humana con la obligación de respetar a quien, desde la cúspide del Estado, ha contribuido a mantener sometido a su propio pueblo.

Usted ocupa la presidencia de una nación, pero su mayor responsabilidad histórica no será el cargo que desempeñó, sino el daño que hizo —y permitió que se hiciera— a los cubanos.

Fidel Castro edificó un sistema de partido único; Raúl Castro lo heredó y preservó. Usted recibió esa estructura y, lejos de abrir un camino hacia la libertad, se convirtió en su continuador. No fue el arquitecto original de la tragedia cubana, pero aceptó administrar sus ruinas y defender los mecanismos que impiden a los ciudadanos decidir libremente su destino.

Esa es su responsabilidad. Y no puede esconderla detrás de la herencia recibida.

El 11 de julio de 2021 quedó grabado en su expediente político.

Aquel día, miles de cubanos salieron a las calles para expresar su hartazgo ante la escasez, los apagones, la falta de libertades y el deterioro de sus condiciones de vida. No todos pedían lo mismo, pero compartían una certeza: no querían continuar viviendo bajo aquella realidad.

La respuesta presidencial no fue abrir un diálogo nacional ni reconocer el derecho de los ciudadanos a protestar. Fue convocar a sus partidarios a enfrentarse con los manifestantes.

«La orden de combate está dada», afirmó usted aquel día.

No es una frase menor. Pronunciada por quien encabeza el Estado y dispone de sus fuerzas de seguridad, constituye una señal política de enorme gravedad. La autoridad que debía garantizar la paz entre los ciudadanos contribuyó a alimentar la confrontación.

No necesito inventarle un crimen ni exagerar la historia para formular esta acusación. Basta con examinar las palabras, los acontecimientos posteriores y las responsabilidades del poder.

Usted pudo haber elegido la reconciliación. Eligió la confrontación.

Las detenciones, los procesos judiciales y las condenas que siguieron dejaron una herida que todavía no ha cerrado. En julio de 2026, cinco años después de aquellas protestas, Human Rights Watch denunció que cientos de manifestantes y críticos continuaban encarcelados y reclamó la liberación de los presos políticos. La organización también documentó abusos contra detenidos y graves deficiencias en las condiciones penitenciarias.

Cinco años después, la pregunta sigue en pie: ¿qué clase de autoridad necesita encarcelar a quienes reclaman libertad?

Su gobierno podrá presentar estadísticas, discursos y consignas. Podrá atribuir cada fracaso al embargo estadounidense y señalar las responsabilidades reales de Washington. Pero ninguna política exterior justifica la represión interna; ninguna sanción extranjera obliga a encarcelar a un ciudadano por expresar pacíficamente su descontento.

Las responsabilidades pueden coexistir. El embargo tiene consecuencias económicas; el Gobierno cubano tiene responsabilidades propias por sus decisiones, sus instituciones y la ausencia de libertades políticas. Una cosa no absuelve automáticamente a la otra.

La verdad no necesita escoger entre dos consignas. Necesita examinar los hechos.

Mientras tanto, Cuba se deshace en la vida cotidiana.

La crisis no es una abstracción estadística. Está en la mesa donde falta la comida, en el medicamento que no aparece, en el hospital sin recursos, en el apagón que paraliza un hogar y en la familia que debe decidir qué necesidad puede permitirse atender.

Está también en los cubanos que abandonan su país porque han dejado de encontrar en él una expectativa razonable de futuro.

En julio de 2026, las informaciones internacionales describían una isla golpeada por la crisis energética, las carencias materiales y las protestas recurrentes. No se trata de una dificultad pasajera que pueda resolverse con otro discurso televisivo. Es el resultado acumulado de décadas de errores económicos, centralización, falta de transparencia y ausencia de mecanismos democráticos para corregir el rumbo.

Usted no creó todos esos problemas. Pero ha tenido la responsabilidad de gobernar mientras se agravaban.

Y gobernar no consiste en repetir que el pueblo debe resistir. Consiste en crear las condiciones para que pueda vivir.

Usted no encarna una solución: representa la continuidad de un sistema que se niega a reconocer su fracaso.

Su poder depende de una estructura política que no permite una competencia plural por el Gobierno. La oposición carece de condiciones equitativas para organizarse y disputar el poder; la crítica pública puede acarrear represalias; y las instituciones no ofrecen garantías suficientes de independencia frente a la dirección política del país.

Esa es la raíz del problema.

Un gobernante democrático puede perder unas elecciones y marcharse. Un gobernante sometido a controles efectivos debe responder ante instituciones independientes. En cambio, cuando el poder político concentra las decisiones y limita la fiscalización ciudadana, los errores se perpetúan y la responsabilidad se diluye.

Por eso su problema no es solamente económico. Es moral, institucional y político.

La historia de Cuba no comenzó con Fidel Castro ni terminará con usted. Antes de su Gobierno hubo dictaduras, autoritarismo, violencia política y enfrentamientos entre cubanos. No sería riguroso afirmar que usted fue el primero en convocar a sus compatriotas a la confrontación. Lo que sí puede afirmarse es que su llamamiento del 11 de julio de 2021 constituye uno de los episodios más graves de su trayectoria y merece permanecer en la memoria nacional.

Tampoco basta con compararlo con Ceaușescu, Saddam Hussein, Bashar al-Asad o Daniel Ortega para demostrar una acusación. Los contextos históricos son diferentes. La comparación útil no es un concurso de crueldades: es el examen de cómo los gobernantes autoritarios responden cuando la sociedad deja de obedecer.

Y usted tuvo la oportunidad de responder de otra manera.

No lo hizo.

¿Quién lo sostiene, señor Díaz-Canel?

Su autoridad no nació de una elección plural en la que todos los cubanos pudieran escoger libremente entre alternativas políticas. Su ascenso se produjo dentro de la estructura del Partido Comunista, bajo la continuidad de un poder construido por los Castro.

Eso no lo exime de responsabilidad. Al contrario: usted aceptó el cargo, ejerció sus atribuciones y defendió el sistema que lo llevó hasta allí.

No puede atribuir sus decisiones exclusivamente a Raúl Castro, del mismo modo que no puede presentarse como un simple administrador sin capacidad de elección. Si tuvo poder para ordenar, defender y mantener determinadas políticas, también debe responder por ellas.

El cargo no puede ser un escudo. La obediencia no constituye una absolución.

Y si algún día cambia el rumbo de Cuba, ninguna persona que haya ejercido responsabilidades públicas deberá quedar automáticamente exenta de rendir cuentas.

La justicia no es venganza. Pero tampoco puede convertirse en olvido.

No le escribo para pedir ejecuciones, represalias ni castigos al margen de la ley. Cuba ha sufrido demasiado como para que su futuro reproduzca los procedimientos que hoy denuncia.

Le escribo para exigir algo más difícil y más necesario: verdad, responsabilidad y justicia.

Que se investiguen las órdenes impartidas durante la represión del 11J. Que se esclarezcan las detenciones arbitrarias y los abusos denunciados. Que las víctimas puedan hablar sin miedo. Que los responsables comparezcan ante tribunales independientes, con garantías procesales y sin privilegios derivados del poder.

Que no haya impunidad para los poderosos ni condenas sin pruebas para sus adversarios.

La reconciliación nacional no puede construirse sobre la mentira. El perdón, cuando sea posible, pertenece a las víctimas; la obligación de investigar corresponde a la sociedad y a las instituciones de justicia.

Y usted, señor Díaz-Canel, no puede decidir por adelantado que la historia debe absolverlo.

Puede intentar defender su legado. Puede repetir sus consignas. Puede insistir en que su Gobierno actúa en nombre del pueblo. Pero ninguna declaración oficial sustituye el juicio crítico de los ciudadanos ni borra la memoria de quienes padecieron la represión.

Llegará el momento en que los cubanos puedan debatir libremente lo sucedido, consultar archivos, investigar responsabilidades y escribir su historia sin autorización del poder político.

Entonces no bastará con preguntar qué prometió usted. Habrá que examinar qué hizo, qué permitió, qué pudo evitar y por qué no lo hizo.

Esa será la prueba.

Señor Díaz-Canel:

Los cargos pasan. Los discursos se olvidan. Las consignas pierden su brillo. Pero las decisiones que destruyen vidas dejan consecuencias que atraviesan generaciones.

Usted todavía puede reconocer errores, contribuir a una salida pacífica y facilitar una transición que evite nuevos sufrimientos. No necesita esperar a que el futuro lo obligue a hacer lo que hoy podría decidir por voluntad propia.

No sé cómo lo juzgarán los historiadores del mañana. No pretendo escribir ese veredicto por anticipado. Mi obligación como historiador es examinar los hechos, distinguir las responsabilidades y dejar constancia de las preguntas que el poder preferiría silenciar.

Pero sí sé algo: ningún gobernante tiene derecho a confundir la patria con su partido, la obediencia con la lealtad ni el silencio con el consentimiento.

Cuba no le pertenece. El pueblo no es su enemigo. Y el poder no lo coloca por encima de la historia.

Cuando llegue el día de rendir cuentas, no serán sus consignas las que hablen por usted. Serán los hechos, los documentos, los testimonios y la memoria de los cubanos.

Esa es la razón de esta carta.

No para amenazarlo. No para anunciar una venganza. Sino para recordarle que ningún poder es eterno y que ninguna autoridad puede reclamar impunidad como derecho adquirido.

La historia no es un tribunal infalible, pero tampoco es propiedad de los gobernantes.

Y la última palabra sobre el destino de Cuba no debe pertenecer a un hombre ni a un partido.

Debe pertenecer a los cubanos.