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title: "Cuba: 674 bebés muertos y un Gobierno que no puede eludir su responsabilidad"
date: 2026-11-13T12:26:59Z
modified: 2026-11-13T12:26:59Z
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Por Anette Espinosa ()

La Habana.- En Cuba murieron 674 niños antes de cumplir su primer año de vida en 2025. Fueron 166 más que en 2024, un incremento del 32,7%. La mortalidad infantil escaló hasta 9,9 por cada mil nacidos vivos. No estamos ante una simple estadística ni ante una variación numérica que pueda despacharse con explicaciones burocráticas.

Estamos hablando de 674 vidas que no llegaron a celebrar su primer cumpleaños. Y detrás de esta tragedia hay una pregunta inevitable: ¿qué responsabilidad tiene un Gobierno que lleva décadas proclamando las bondades de su sistema de salud mientras permite que se deterioren las condiciones más elementales para proteger la vida?

Las cifras oficiales describen una realidad estremecedora: aumentan las muertes por septicemia, hemorragias, trastornos gestacionales y desnutrición. La sepsis se convirtió en la primera causa de mortalidad infantil, con 102 fallecimientos. También crecen las hemorragias intracraneales y pulmonares, en un contexto de advertencias sobre la falta de medicamentos esenciales, reactivos y medios para prevenir y tratar complicaciones neonatales.

No se puede afirmar que cada muerte sea consecuencia directa de una carencia determinada, pero tampoco es admisible ignorar que la escasez de antibióticos, vitamina K, medios diagnósticos y otros recursos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

## El deterioro de los hospitales mientras constuyen hoteles

El problema no termina en los medicamentos. Los hospitales cubanos arrastran un deterioro que compromete la higiene, la desinfección, el control de las infecciones y la disponibilidad de insumos básicos. La tragedia de los diez recién nacidos fallecidos en el hospital Hijas de Galicia, en 2023, dejó constancia oficial de violaciones higiénico-sanitarias y falta de recursos.

Tres años después, el incremento de las muertes por septicemia vuelve a poner sobre la mesa una realidad inadmisible: los hospitales, que deberían ser espacios de protección, no pueden convertirse en lugares donde la precariedad y el abandono añadan nuevos riesgos a la vida de los recién nacidos.

A esa situación se suma el deterioro de los programas de atención materno-infantil. La nutrición de las embarazadas, el seguimiento de los embarazos de riesgo, la atención neonatal y la vigilancia del desarrollo de los bebés requieren recursos, personal y medicamentos que hoy escasean. Las denuncias sobre la falta de alimentos, agua, hierro y ácido fólico en hogares maternos son señales de un sistema que ha dejado de garantizar incluso condiciones básicas de atención.

Mientras tanto, Cuba ha perdido decenas de miles de profesionales sanitarios, incluidos médicos de Obstetricia, Ginecología y Neonatología. Pretender mantener la calidad asistencial mientras se reducen los recursos humanos y materiales es una irresponsabilidad política de enormes consecuencias.

## El Estado tiene que responder

El Gobierno podrá invocar el embargo, la crisis económica o las dificultades internacionales, pero ninguna explicación puede servir como absolución automática frente a una tragedia de esta magnitud. La administración de los recursos, las prioridades presupuestarias, el abandono de infraestructuras hospitalarias y la incapacidad para garantizar medicamentos e insumos indispensables también forman parte de las decisiones de quienes gobiernan.

No se puede exigir sacrificios permanentes a la población y, al mismo tiempo, eludir las responsabilidades por el deterioro de servicios esenciales. Mucho menos cuando las víctimas son bebés que dependen enteramente de la protección de sus familias y del sistema sanitario.

Los 674 niños fallecidos no son una cifra más en un anuario estadístico. Son 674 familias marcadas por una pérdida irreparable y una advertencia sobre el precio humano de la decadencia institucional. Un Gobierno que se atribuye los éxitos de la salud pública no puede desentenderse de sus fracasos. La vida de los niños no admite consignas, discursos triunfalistas ni estadísticas maquilladas. Exige hospitales limpios, medicamentos disponibles, personal suficiente, alimentación adecuada y programas materno-infantiles que funcionen. Cuando el Estado incumple esas obligaciones, tiene que responder. Porque gobernar también significa hacerse responsable de las vidas que no se supo, no se pudo o no se quiso proteger.

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